El regadío del Guadalquivir se enfrenta este año a la campaña de riego más complicada de los últimos años. Con los embalses en su nivel más bajo desde 1980 y unas aportaciones de agua desde el 1 de octubre un 75% por debajo de lo normal, la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha alertado este miércoles de que, si no llueve lo suficiente, la dotación para los regantes quedará reducida al "mínimo de emergencia" a partir de mayo, cuando comienza la campaña de riego.

En concreto, la comisión plantea una dotación de 1.000 metros cúbicos por metro cuadrado para el sistema de regulación general (al que pertenecen la mayor parte de los regantes), solo un tercio de lo concedido en la campaña pasada (3.000) y seis veces menos de la dotación concesional, es decir, lo que correspondería si los embalses estuvieran en una situación de normalidad (6.000). En porcentaje, esto supone un recorte de un 83% respecto a un año con los embalses llenos.

El panorama es terrible para las comunidades de regantes, que sufrirán pérdidas cuantiosas y tendrán que adaptar sus explotaciones a la escasez de agua con reducción de la superficie productiva. En el caso del arroz, por ejemplo, en la campaña pasada la mitad de las hectáreas se quedaron sin sembrar.

La CHG garantiza, en cualquier caso, que el agua disponible no se reducirá a cero. En la situación actual, y en el peor escenario, está asegurada una dotación mínima de 450 hectómetros cúbicos, menos de la mitad que en la campaña pasada (925), que ya fue de restricciones. Pase lo que pase, incluso si no llueve nada, esa cantidad no se reducirá y en todo caso irá al alza, si finalmente llegan las lluvias. Lo que no se modificará, avisa la CHG, son las dotaciones definitivas que se asignarán en abril o mayo, “en pro del principio de unidad para evitar agravios comparativos”. 

La sequía en la cuenca del Guadalquivir

Incluso si lloviera en los próximos meses de forma normal, tampoco sería mucho mayor la dotación, de unos 600 hectómetros cúbicos. Los responsables de la CHG aseguran que el terreno está muy seco y que va a costar más de lo que sería normal que haya aportaciones cuantiosas a los embalses. Y, en cualquier caso, las perspectivas de que haya precipitaciones no son muy halagüeñas: para los próximos quince días no se prevé nada y si eso se confirma estaríamos ante el arranque del año (enero y febrero) más seco desde 1980. La cantidad de lluvia recogida en la cuenca es de solo 11 milímetros cuando la media de los últimos 25 años han sido 117. Desde el 1 de octubre –fecha en la que da comienzo el año hidrológico, se han registrado 182 milímetros, cuando la media es de 338. Estamos ante el quinto año más seco de los últimos 25. Peor aún es la estadística de aportaciones pluviométricas a los embalses, un 21% de lo habitual en un año normal. Eso hace que el volumen total embalsado sea de 2.320 hectrometros cubicos (28,6% de la capacidad total), el menor nivel desde 1995 en esta fecha. En 2013 eran 7.800 y esta cantidad se ha ido reduciendo año a año, con la única salvedad de 2018.

Feragua, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, cree que está fuerte restricción traerá “ruina económica y desempleo al medio rural andaluz”. Para este ejercicio ya han contabilizado unas pérdidas de 161 millones de euros, entre un 10% y el 15% de la facturación total y Pedro Parias, su secretario general, anticipa que pueden llegar al 30%, 40% o 50% con la previsión de dotación a día de hoy. La cifra de negocio del sector, en toda Andalucía, asciende a más de 10.000 millones de euros (extrapolando, unos 7.000 en la Cuenca del Guadalquivir) y se generan anualmente unos 130.000 empleos, en riesgo ahora por la agudización de la sequía.

Feragua pide que el próximo decreto de Sequía que prepara el Gobierno contemple la condonación “íntegra” de los cánones y tarifas de los años 2021 y 2022, así como otras medidas fiscales y de empleo compensatorias: condonación del pago de IBI y bonificaciones de cuotas sociales, aprobación de ERTE en las Comunidades de Regantes. Parias afirma que cada regante afronta unos 700 euros por hectárea de canon de riego, cuota de potencia, IBI, “antes de empezar a producir” y pide que se incida ahí en las medidas paliativas. Feragua también reivindica la puesta en marcha con rapidez de pozos de emergencia, sobre todo para salvar una arboleda que en muchos casos está en peligro de muerte.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) hizo hincapié en aprovechar la situación de sequía y el nuevo PlanHidrológico del Guadalquivir para propiciar “un reparto más justo del agua”, que priorice sobre todo el retorno social y económico.

Por último, la organización agraria COAG pidió a la Confederación que concrete si los 1.000 metros cúbicos por hectárea de dotación “serían de forma lineal (igual para todos) o dependiendo del cultivo” y que especifique “en qué momento se podría empezar a coger agua, y cómo se van a hacer los desembalses”.