La Abogacía General Estado sostiene que mientras ETA no desaparezca definitivamente, la izquierda abertzale, ilegalizada o legalizada, no puede pretender "colarse" en el plano de la normalidad política sin desvincularse de la banda terrorista o pedir su disolución.

Este es uno de los argumentos de las alegaciones que ha presentado ante el Tribunal Constitucional el abogado general del Estado, en nombre del Gobierno, que pide que se rechace el recurso de amparo de Sortu contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos. "No aparece por ningún lado la desvinculación, separación o incluso contraposición entre ETA y la izquierda abertzale-Batasuna. Más bien lo que aparece es una interpretación a dos coros del mismo motivo melódico sin demasiada desarmonía al principio y plena armonía al final", señala el escrito de la Abogacía.

Añade que "el cotejo" entre las posiciones que han expresado la banda terrorista y quienes ofician de portavoces de la izquierda abertzale ilegalizada "no puede describirse como contraposición o separación, sino como interpretación a cuatro manos de la misma pieza". "Mientras ETA exista, esté armada y la izquierda-abertzale-organización no rompa con la banda de una manera incontrovertiblemente real, no podrá ser un actor político normal, equiparable a otros partidos", indica.

Para demostrar que esa ruptura con la organización terrorista aún no ha llegado, la Abogacía del Estado se refiere a la reacción de Sortu ante lo expresado por ETA en su último comunicado el pasado 11 de julio, en el que -recuerda- la banda concluía con la consigna de siempre: "Jo ta ke independentzia lortu arte (Sin cejar hasta conseguir la independencia)". La respuesta que ha dado Sortu ha sido "el silencio", indica el abogado del Estado, que resalta: "el que calla cuando debe y puede hablar consiente".

Así, insiste en que mientras ETA no desaparezca definitivamente, la izquierda abertzale ilegalizada o legalizada -en alusión a Bildu- no puede pretender colarse en la normalidad política si no se desvincula de la banda terrorista "sin ofrecer ningún atisbo de duda, mediante un rechazo expreso de la violencia etarra y una petición de disolución" de la misma.

El escrito hace referencia también a la sentencia de la Audiencia Nacional, que el pasado viernes condenó a 10 años de cárcel al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al exsecretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga como autores de un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes. En este sentido, recuerda algunos documentos incautados a ETA, que ya tomó en consideración el Supremo para prohibir la inscripción de Sortu, y que ahora han servido para condenar a Otegi, Usabiaga y otros tres miembros de la izquierda abertzale.

Las alegaciones de Abogacía General del Estado han llegado a primera hora al Constitucional, un día antes de que concluya el plazo que el alto tribunal dio a las partes. Este martes presentará las suyas la Fiscalía General del Estado, según fuentes de esta institución. No obstante, la Fiscalía repetirá algunos de los argumentos de la Abogacía del Estado, que ya expuso también ante el Supremo y que impidieron que Sortu concurriera a las elecciones locales del pasado mes de mayo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya avanzó el pasado jueves, durante el acto de apertura del Año Judicial, que trataría de impedir con sus alegaciones ante el Constitucional que Sortu sea legalizada. Para Conde-Pumpido, Sortu no puede ser legal mientras "en el telón de fondo de su presencia política subsista la terca y desafiante sombra de ETA".