La Fiscalía pide imputar al portavoz del PP en las Cortes Valencianas
Rafael Blasco está implicado en el desvío parcial de las subvenciones al desarrollo
La Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicitó la imputación del ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía y actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, en la causa abierta por presuntas subvenciones irregulares a ONG, ante la posible comisión de un delito de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
Así consta en el informe que remitió ayer el Ministerio público a la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye esta causa en la que hay 27 imputados y que lleva más de un año en instrucción. El fiscal presentó a la magistrada un informe con una exposición razonada de los hechos.
En concreto, en este escrito, la Fiscalía deja patente que considera que existen "fundados indicios" de la participación de Rafael Blasco en los hechos investigados en el juzgado. Por este motivo, también solicitó a la magistrada que eleve la causa, si lo considera oportuno, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, puesto que este órgano es el competente para instruir los procedimientos en los que figuran aforados. En este caso, Blasco lo es.
El Ministerio público apuró el plazo que le fijó la juez para presentar este informe, y decidió entregarlo el último día permitido. En total, la Fiscalía estima que Rafael Blasco pudo cometer hasta cinco delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
La juez que instruye este procedimiento investiga un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.
En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones.
Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania y Haití, entre otras naciones.
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