La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, resaltó ayer la voluntad del Ejecutivo del PP de colaborar con la Justicia en relación con el caso Faisán porque quiere conocer "la verdad de quiénes fueron los responsables del chivatazoa ETA" al ser un asunto que afecta al interés general.

Así lo destacó la ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que la voluntad del Ejecutivo es colaborar con todos los procedimientos judiciales, y "más los que afectan a las Fuerzas de Seguridad".

Al tiempo, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu enviaba ayer a prisión al histórico etarra Félix Alberto López de la Calle Gauna, Mobutu, extraditado el jueves temporalmente desde Francia acusado del asesinato de tres guardias civiles en Salvatierra (Álava) en 1980.

Así lo confirmaron fuentes jurídicas, que explicaron que Mobutu se negó a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, que dictó auto de prisión el 23 de agosto del 2000 y procesó al etarra el 7 de febrero del año siguiente. Por esta causa, a Mobutu se le acusa de tres delitos de asesinato terrorista agravado, ya que se le considera el autor de los disparos que causaron la muerte inmediata de los agentes.

El etarra, nacido en 1960 en Vitoria, fue detenido en Francia en abril de 2004 y condenado en dicho país el pasado año, junto a su pareja Mercedes Chivite Berango, a doce años de prisión como responsables de las compras internacionales de armas para la banda.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, felicitó ayer a su homólogo español, José Manuel García-Margallo, por su reciente nominación al cargo, y le garantizó su cooperación al frente de esa nueva labor y su deseo de recibirlo en París "próximamente".

La asociación de abogados de Euskal Herria, Eskubideak, hizo ayer por su parte un emplazamiento "público y directo" al Tribunal Constitucional para que resuelva "de inmediato los recursos de amparo interpuestos por presos de ETA para que se elimine la doctrina Parot. A su juicio, "no es de recibo que en el artículo 24 de la Constitución se diga que uno de los derechos básicos de los ciudadanos es el derecho a un juicio justo, a la tutela judicial efectiva y sin dilaciones indebidas", y en 2011 todavía no haya una decisión sobre un recurso que se presentó hace cuatro años.