El Gobierno reprende a Puigdemont por obviar una posible sanción judicial

Las relaciones se van inflamando a dos meses del referéndum secesionista organizado por el Govern para el próximo 1 de octubre. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reúne para estudiar el recurso presentado por el Ejecutivo contra la reforma del reglamento del Parlament con la que pretende allanar la vía hacia la consulta. El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, ha convocado a los magistrados a las 17:30 para decidir sobre la admisión a trámite del recurso presentado el pasado viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Dado que el Ejecutivo ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, la mera admisión a trámite conllevará la suspensión temporal de los preceptos impugnados. El TC ha suspendido e invalidado hasta el momento todos los pasos dados por la Generalitat y el Parlament en su avance al referéndum soberanista y ha apercibido a los responsables de ambas instituciones de las responsabilidades penales en las que pueden incurrir si le desobedecen. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa por desobediencia al Constitucional.

No obstante, la semana pasada ya anunció el presidente catalán, Carles Puigdemont, que no piensa acatar ninguna resolución judicial contra él que dictamine el TC. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, salió ayer a la palestra para reprender al líder del Govern y para advertirle que las sanciones decretadas por la Justicia han de ser aceptadas.

Puigdemont "no se saldrá con la suya" si continúa con los planes para la convocatoria de un referéndum para el 1 de octubre saltándose la ley. "La inhabilitación es una medida que se toma, se comunica y se requiere su cumplimiento; no se trata de una apreciación personal", explicó Zoido en una entrevista a Europa Press. El ministro respondió de esta forma al ser preguntado por la preocupación del Gobierno -"la respuesta será firme y manteniendo la prudencia"- ante las últimas declaraciones del president asegurando que no aceptará la decisión del Constitucional en el caso de que sea inhabilitado. "Es una apreciación suya, pero nadie le ha preguntado", aseguró el ministro, que añadió: "La situación es que si así se declara, está inhabilitado se sienta él o no inhabilitado".

Por otro lado, la Unión de Guardias Civiles expresó ayer el "absoluto rechazo" al acto convocado hoy por la CUP ante el cuartel en la Travessera de Gràcia de Barcelona y lamentó "el hostigamiento" a las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. Aun así, algunos integrantes de la Guardia Civil rechazan la ayuda de los Mossos en la manifestación. "Nosotros mismos nos podemos autoproteger", zanjan.

Entretanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, aseguró que el empresariado vive "con gran preocupación" la situación en Cataluña y destacó que si el 1-O la Generalitat pone las urnas, no será un referéndum, sino "otro 9-N".