Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y a la ex alcaldesa de Cartagena, ex diputada nacional y ex senadora Pilar Barreiro, candidata de nuevo a la Cámara Alta el 26 de junio, con la trama Púnica. Fuentes de la investigación han confirmado la existencia del informe de la UCO y su remisión al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el caso.

Según la UCO, cuando Sánchez era consejero de Educación del Gobierno murciano y Barreiro alcaldesa, contrataron con dinero público los servicios de una empresa de la trama para que limpiara su reputación en internet. Desde el Ejecutivo que ahora preside el primero, se han apresurado a recordar que el pasado 6 de abril les fueron remitidos a Velasco certificaciones de la consejería que ocupaba, de las que se ha facilitado copia por la tarde a los medios de comunicación, en las que se asegura que no se realizó ningún pago a las empresas de la trama Eico On Line Management, Madiva Editorial y Publicidad y Mistral Inv entre enero de 2014 y abril de 2016.

Desde el entorno de Barreiro se afirma que la relación del Ayuntamiento de Cartagena se limitó a un contrato con Madiva por 4.000 euros para una campaña de promoción turística de la ciudad.

Sánchez no ha comparecido ante los medios pese a haberse reunido con agricultores en la sede del Gobierno y este martes ha suspendido una conferencia que tenía previsto dar en Madrid y no ha facilitado aún su agenda. Pero este jueves tiene cita a las 17:00 en el pleno mensual de control al Gobierno del Parlamento murciano para responder a una pregunta de Podemos sobre si dimitirá de su cargo si Velasco decide que declare como investigado por su supuesta implicación en la trama en el caso de que el juez aprecie los indicios que dice ver la UCO en su informe.

El secretario general del partido morado en la región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado tras conocer estas informaciones que "es prácticamente un hecho que Sánchez estaría doblemente imputado, si no fuera por su condición de aforado". Se refería con ello a otro caso que los tribunales investigan sobre la adjudicación de las obras de un auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, que también investiga una comisión especial de la Cámara autonómica murciana, en la que el ex decano del Colegio de Arquitectos regional Francisco Camino ha hablado de concurso "fraudulento" y de proyecto ganador "ilegal".

El líder del PSOE murciano, Rafael González Tovar, ha sido el más contundente en su reacción al informe de la UCO al pedir a Sánchez que dimita para aclarar su situación procesal sin ser aforado y al PP que saque a Barreiro de las listas al Senado.

Desde Ciudadanos, cuyos diputados sostuvieron con su voto la investidura de Sánchez con una primera condición de que cualquier cargo público del Gobierno regional o miembro del PP imputado fuera apartado, su portavoz autonómico, Miguel Sánchez, ha calificado de "grave" que el presidente esté "bajo sospecha" y que "no solo no persiga la corrupción, sino que además sea la corrupción la que presuntamente lo persigue a él". "Si lo imputan por cualquiera de los dos casos que tiene ahora mismo encima de la mesa por presunta corrupción política, inmediatamente tendría que irse, sin ninguna duda", ha apostillado, lo que ha corroborado desde Madrid casi con las mismas palabras el líder nacional del partido naranja, Albert Rivera.

En Badajoz, fuentes del entorno del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, han señalado que respalda al jefe del Ejecutivo murciano porque este ha demostrado que no contrató nunca con empresas de la Púnica. Con todo, "los informes son informes" que luego tienen que ir a un procedimiento judicial y "son los jueces los que toman las decisiones" y no la Guardia Civil ni la Policía, ha comentado al respecto la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en una entrevista en TVE.