'caso palma arena'

El juez sobre Matas: "Ha venido a burlarse de los simples mortales"

  • El juez dicta prisión provisional bajo fianza de tres millones para el ex presidente balear. También le prohíbe salir de España y le obliga a ir al juzgado cada 15 días.

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El juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha decretado prisión provisional eludible bajo fianza de tres millones de euros para el ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, para quien la Fiscalía anticorrupción y acusación solicitaba idéntica caución por su elevado riesgo de fuga y la posible alteración de pruebas. El ex presidente deberá hacer efectiva la fianza antes del 7 de abril. Así consta en un extenso auto del juez, que considera que el ex presidente del Govern "se burla de los simples mortales" con la declaración que efectuó como imputado.

Así se lo comunicó este martes el magistrado a Rafael Perera, letrado de Matas, para quien Castro ha dictado además la retirada del pasaporte -que ya fue ordenada el pasado viernes como medida cautelarísima para evitar su sustracción de la justicia hasta que el juez se pronunciase -, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de comparecer quincenalmente apud acta ante el juzgado.  

Castro decretó también la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia cada quince días para el cuñado de Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, también imputado dentro del caso Palma Arena, que investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente.  

En concreto, sobre el ex ministro de medio Ambiente pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones -, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión, pese a que la máxima pena que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

"Se burla de los simples mortales"

El juez considera en su auto que Matas, durante la declaración que el imputado efectuó durante más de quince horas, deja claro que "ha venido a burlarse de los simples mortales", a tenor de las justificaciones que ofreció de los hechos que se le atribuyen.  

En la resolución, el juez llega a preguntarse "cómo es posible que una declaración con un escueto contenido durara más de 16 horas". "La respuesta es clara", afirma de forma contundente, lamentando que "se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia".  

Especialmente crítico se mostró Castro con las explicaciones ofrecidas sobre un piso del barrio de Salamanca de Madridpara la adquisición del cual, según las investigaciones, Matas se sirvió de su presunto testaferro Bartomeu Reus. "Lo que cabía esperar es que Matas, aunque estuviera amparado por la presunción de inocencia, ofreciera explicaciones que pudiera desvirtuar los abrumadores elementos de cargo que pesan sobre él", manifiesta el juez.  

Sin embargo, afirma que "reina el absurdo" cuando Matas recuerda que, tras abonar 100.000 euros en arras para la compra del inmueble, cedió en 2003 las escrituras a Reus a razón de una "insuficiencia económica" al resultar elegido presidente del Govern "contra todo pronóstico" y "desbaratarse sus proyectos de apartarse de la política para dedicarse a la empresa privada, en la que tenía asegurado un lucrativo futuro para poder pagar el piso".

El piso ocupa una parte importante del auto del juez, que valora las explicaciones de Reus, Matas y Areal y subraya que se trata de "una burla a este Juzgado y a los ciudadanos". 

"No hacen falta derroches imaginativos"

"No se entiende cómo se le ha ocurrido a alguien argumentar de esa manera", enfatiza el juez con vehemencia. "Seguridad absoluta el piso es de la familia Matas-Areal y con los antecedentes que se tienen no hace falta derroches imaginativos para saber por qué lo ocultaron", añade.  

Por otro lado, y por lo que afecta a la relación de Matas con la entidad madrileña Estudios Jurídicos y Procesales, el juez lamenta que el ex presidente "restase toda importancia al encargo personal" que hizo este bufete relativo a un estudio sobre los límites de los poderes públicos en campañas institucionales, "lo que en buena lógica ya debería entrar en el cuestionario de acceso a presidente", se despacha Castro.  

Ya en relación a las adjudicaciones y contratos presuntamente irregulares durante la construcción del Palma Arena, el juez recuerda cómo Matas se desenvolvió para eludir responsabilidades sobre la contratación a dedo de los arquitectos Jaime y Luis García-Ruiz, que acabaron percibiendo unos honorarios de 8,5 millones de euros.  

Finalmente, Castro lanzó una reflexión sobre cómo Matas hizo servir "con mucha frecuencia la expresión, rayana en su divinidad, de "hágase" para aludir a la manifestación de su voluntad política".

Una "farsa" orquestadas por Matas

El juez José Castro apuntó a una "farsa orquestada" por el ex presidente del Govern para ocultar que era quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena.

Así lo expone el magistrado en un contundente auto de más de 140 páginas en el que justifica, junto a otros numerosos hechos supuestamente delictivos, su decisión de decretar prisión provisional eludible bajo fianza de tres millones de euros.

En su resolución, el juez instructor del caso Palma Arena asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José Luis 'pepote' Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin bajo supervisión y control directo" y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.  

 Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundació Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".  

Castro considera que el encausado "ha sido incapaz en su declaración de explicar qué persona tomó decisiones tan trascendentes y muchas de ellas ilegales", lo que a su juicio "ratifica los fuertes indicios de que el responsable fue el propio Matas". 

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