El ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, insistió en que es "imposible" que se pudieran "infringir" los códigos de control por parte de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma durante la gestión realizada por la construcción del velódromo Palma Arena, durante la cual presuntamente se desviaron más de 50 millones de euros. Además, Matas se han desvinculado de los contratos de obra efectuados durante la construcción del velódromo. Además, defendió la legalidad de los pagos que recibió por parte de un bufete madrileño cuando abandonó la política. 

Así lo comunicaron fuentes jurídicas, que señalaron que durante la declaración de tres horas ante en juez José Castro y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, Matas reiteró que sólo asume la "decisión política" de construir el velódromo, si bien negó de forma reiterada haber intervenido en la gestión administrativa de este proyecto, aprobado por el Consell del Govern durante la pasada legislatura.

Precisamente, el ex presidente manifestó ya el miércoles a lo largo de sus seis primeras horas de su interrogatorio que asume con "todas las consecuencias" su responsabilidad política a la hora de impulsar la construcción del velódromo, si bien puntualizó que no tuvo "ninguna intervención" en las actuaciones administrativas, de forma que se fiaba de los "controles" de los servicios jurídicos del Ejecutivo balear, que eran los encargados de "fiscalizar y garantizar la legalidad" de la gestión en la construcción de esta infraestructura. 

De este modo, las citadas fuentes apuntaron que la declaración de Matas durante este jueves ha sido "muy aburrida", dado que una vez tras otra el juez le exhibía numerosos contratos y declaraciones de imputados y testigos que han comparecido, ante los que el ex dirigente ha negado de forma reiterada cualquier tipo de responsabilidad.  Así, incluso algunas defensas personadas en el caso llegaron a afirmar que Matas se dedicó en algunos momentos a hacer un "mitin político", al subrayar su "decisión política" de impulsar el velódromo y eludir cualquier intervención en su gestión administrativa. En este sentido, recalcó que él era el jefe del Ejecutivo, pero que no se podía encargar de todo, hasta el punto que señaló que "el presidente no estaba para estas cosas". 

Respecto a la empresa de comunicación Nimbus, Matas remarcó que desconocía totalmente esta agencia durante la pasada legislatura a pesar de que se encargó parte de la campaña electoral del PP en los comicios autonómicos de 2007. No obstante, admitió que sí que conocía a su director, Miquel Romero, también imputado en el caso Palma Arena. 

La jornada de este jueves comenzó con polémica después de que el juez ordenara el cambio de sala en la que se está llevando a cambio el interrogatorio, aceptando así la propuesta que le hizo el abogado de Matas, Rafael Perera, quien sospecha de la existencia de micrófonos distribuidos en la habitación.

El ex presidente del Govern defendió en la declaración de la tarde la legalidad de los pagos que percibió del bufete madrileño Estudios Jurídicos y Procesales cuando abandonó la política, al aseverar que las cantidades que percibió en 2007 y que ascenderían a unos 31.000 euros, fueron en concepto de trabajos que realizó para este despacho, gabinete que previamente había sido contratado en la pasada legislatura por el Ejecutivo de Matas.

Durante el interrogatorio el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, se interesó por estos pagos presuntamente irregulares y que según las pesquisas llevadas a cabo, recibió Matas en su cuenta bancaria y llamó la atención de los investigadores por no aparecer el concepto por el que habían sido abonados y porque no se le conocen al ex presidente conocimientos jurídicos que justifiquen la elevada cuantía. Según informaron fuentes jurídicas, Matas justificó estos pagos enumerando los trabajos que había llevado a cabo para el bufete, al tiempo que negó cualquier tipo de irregularidad en torno al informe que fue encargado por el Govern al despacho por unos 29.000 euros para la implantación de la Radiotelevisió balear IB3, y que fue adjudicado mediante un proceso negociado sin publicidad ya que no superaba los 30.000 euros.

Mientras tanto, también fue preguntado por la contratación del periodista Antonio Alemany, imputado en la pieza separada del caso por una presunta financiación irregular del PP, y al respecto recordó que era la persona encargada de elaborar sus discursos por ser "absolutamente válida", aunque se desvinculó de los pagos que percibió el articulista por estos trabajos.