Operación biquini autonómica

Hacer más con menos. Eso es lo que van a intentar los 13 presidentes regionales recién elegidos, algunos ya viejos en estas lindes, en la nueva legislatura autonómica que ha comenzado con un objetivo común: superar la crisis avanzando un agujero más en un cinturón ya de por sí bastante ajustado.

Y en esa tarea de optimizar los recursos se van a emplear los gobiernos autonómicos surgidos tras las elecciones del 22-M, algunos de ellos con la dificultad añadida de estar en minoría en sus parlamentos, como el que dirige ya José Antonio Monago (PP) en Extremadura o el de Francisco Álvarez Cascos (FAC) en Asturias.

Otros, como el canario de Paulino Rivero, de CC, o el navarro de Yolanda Barcina, de UPN, lo tendrán más fácil al haber conseguido sus partidos el apoyo de los socialistas a cambio de la cesión de algunas consejerías.

Luisa Fernanda Rudi (PP) en Aragón no parece que vaya a tener problema alguno para sacar adelante sus iniciativas, toda vez que, a pesar de no haber logrado la mayoría absoluta, su investidura contó con el apoyo del PAR, aunque el partido regionalista no quiso entrar en el Gobierno y avisó de que el pacto alcanzado no es un cheque en blanco, sino "una UTE" (unión temporal de empresas).

La palabra, austeridad, fue el denominador común de los discursos de investidura de los presidentes de las comunidades que el 22-M celebraron comicios excepto en el caso de Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco.

Para hacer efectivo ese compromiso, casi todos los gobiernos han adoptado una medida común: reducir el número de consejeros, que a partir de ahora tendrán más trabajo porque en un solo departamento se han integrado varias "carteras".

Sólo Castilla-La Mancha, cuyo anterior Gobierno socialista ya había adelgazado su estructura hasta dejarla en siete consejerías, y Canarias, que también la redujo a ocho en octubre de 2010, han mantenido el número de departamentos.

Las demás lo redujeron y en algunos casos, casi a la mitad, como ha hecho el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá (PP), con un Gobierno que pasó de trece consejerías a seis más una vicepresidencia.

También Monago metió la tijera al Ejecutivo extremeño, formado por siete consejeros frente a los once del anterior Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara.

Tras las dos anteriores, la valenciana es la comunidad que cuenta con más departamentos, diez, por delante de los nueve de Aragón, Asturias y Castilla y León, los ocho de Canarias, Cantabria, Madrid, Murcia y Navarra y los siete de Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

Además de esta operación biquini" para la Administración, los nuevos presidentes han ido desgranando sus diferentes propuestas para la legislatura desde el convencimiento generalizado de que crear empleo y controlar el gasto son las prioridades.

Muchos dirigentes autonómicos han propuesto como primera medida la aprobación de una ley de estabilidad y transparencia que fije el techo de gasto e imponga restricciones al endeudamiento. En definitiva, todos han prometido hacer lo imposible para gestionar mejor los recursos y no tocar el gasto social.

Pero además de las medidas comunes para incentivar el empleo y favorecer a los emprendedores, cada uno se ha despachado con propuestas específicas, muchas de ellas adaptadas a las peculiaridades de la región.

Rudi, por ejemplo, reducirá los tributos que penalizan, entre otras actividades, el turismo de nieve, bonificará al máximo la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre cónyuges y de padres a hijos y reformará la ley de Lenguas para derogar los aspectos que "imponen la denominada normalización del catalán y el aragonés".

Al igual que ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero, Álvarez Cascos ha prometido una ayuda a la natalidad de 2.000 euros por hijo "a gastar en comercios del Principado de Asturias". También se ha comprometido a bajar los impuestos, a suprimir el "céntimo sanitario" y a enajenar el ente púbico de Radio Televisión del Principado.

Por el contrario, Bauzá, el presidente balear, reconoció que no tenía "ningún proyecto estrella bajo la chistera. Sí expresó en su discurso de investidura algunos de sus mayores objetivos: generar empleo y alcanzar pactos de estado en educación y turismo.

Paulino Rivero, por su parte, se ha marcado diez tareas para gestionar Canarias, entre ellas relanzar el pacto por la calidad y competitividad del turismo, principal ingreso de las islas; poner al día el Régimen Económico y Fiscal y concretar la reforma del Estatuto de autonomía después de que no pasara el trámite en el Congreso.

En Cantabria, Ignacio Diego, además de ofrecer "trabajo, trabajo y trabajo", ha anunciado su intención de potenciar el Centro Internacional de Estudios del Español de Comillas, el proyecto "estrella" de su antecesor, Miguel Ángel Revilla, desarrollar la energía eólica y favorecer el resto de las renovables, pero con un "blindaje jurídico".

Enfrascada en solucionar los 1.472 millones de euros en facturas sin pagar que le ha dejado su antecesor y en espera de la auditoría que ha encargado, De Cospedal ha propuesto, entre otras medidas, eliminar órganos como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social, sanear y privatizar después la televisión de la región, la libre elección de médico o la reforma de la ley electoral.

En Madrid, Esperanza Aguirre, que pide listas abiertas, no dudará en vender edificios de la Administración que sean prescindibles para reducir costes y generar ingresos, y entregará a los pacientes una factura informativa para que sepan lo que les ha costado el tratamiento en la sanidad pública.

Otro presidente del PP, el murciano Ramón Luis Valcárcel, va a revisar todas las subvenciones púbicas, aunque las ONGs pueden estar tranquilas porque las ayudas destinadas a ellas serán prioritarias. En Navarra, Yolanda Barcina dice que ajustará los gastos a los ingresos que se obtengan, pero promete que no buscará más recursos con subidas de impuestos e incluso asegura que favorecerá fiscalmente a las rentas más bajas y a las empresas para que puedan crear empleo.

Pedro Sanz implantará en La Rioja un cheque-empleo para cada joven que busca trabajo. En un plazo determinado, la empresa que le contrate de forma indefinida podrá cobrar de inmediato de 4.000 a 7.500 euros.