El PP valenciano delega en Génova la decisión sobre los ediles investigados

La dirección del PP de la Comunidad Valenciana esperará a que finalice el proceso abierto por el partido desde Madrid respecto a los nueve concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados por el caso Imelsa y suspendidos cautelarmente de militancia antes de adoptar medidas disciplinarias contra ellos en caso de que no renuncien al acta.

Así lo aseguró la presidenta regional del partido y portavoz del PP en las Cortes valencianas, Isabel Bonig, que insistió en que no se siente desautorizada por Génova, sino "totalmente respaldada", tras la decisión tomada el pasado lunes respecto a los ediles imputados por blanqueo. Precisamente el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, reiteró ayer que la intención de la formación pasa por expulsar definitivamente a los ediles si siguen en el proceso cuando se abra juicio oral.

La postura de la dirección regional del partido, que insiste en reclamar voluntariamente -tras haberlo hecho "por activa y por pasiva", indicó Bonig- el acta de los nueve concejales antes de abrirles un expediente por desobediencia que puede acabar en la expulsión del PPCV.

La mandataria popular se mostró convencida del compromiso personal y de "la palabra" de cada uno de esos ediles con el acuerdo logrado con ellos el pasado 15 de febrero, según el cual abandonarían el acta si seguían investigados tras el levantamiento del secreto de sumario.

Sin embargo, no pudo aclarar qué papel desempeñarán como independientes en el seno del grupo municipal popular, pues según ha dicho, su futuro portavoz y único integrante, el independiente Eusebio Monzó, que es el único edil no investigado, se coordinará únicamente con la gestora del partido en la ciudad para llevar a cabo su labor de oposición en el Ayuntamiento.

Además Bonig insistió en respetar los tiempos de cada procedimiento abierto: el nacional, que espera se resuelva "en una o dos semanas", y el regional. Según la líder popular, el plazo otorgado por el PPCV de diez días para que renuncien a las actas implica únicamente que si no la atienden, la dirección regional se lo comunicará a Génova para que lo incorpore al expediente abierto y que sigue su curso.

Hasta el momento se desconoce si el juez instructor del caso, Francisco Molinero, acudirá a Valencia para tomar declaración a los concejales y asesores suspendidos cautelarmente de militancia o serán estos quienes vayan a Madrid, así como cuándo se producirá.

Según los resultados de esa "decisión personal" de renunciar -tras recibir el martes la notificación del PPCV- y del proceso abierto por Génova, la dirección regional tomará sus decisiones "oportunas", que pueden incluir un expediente disciplinario de expulsión. Bonig defendió la agilidad de ambos procesos: "Más rápido no se puede ir". "Hemos pasado un momento difícil. Probablemente lleguen más, no lo sé", aventuró para después lamentar que el Gobierno valenciano viva "de rositas" gracias a la situación interna del PP por este caso.

Sobre la posibilidad de que el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret, acabe siendo investigado en el marco del caso Imelsa, pidió nuevamente prudencia pues de momento "no hay nada de nada" y ha dicho que las declaraciones del arrepentido Marcos Benavent, que destapó el caso, "no son palabra de Dios".