La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto por el que se promueve a la categoría de fiscal de Sala Dolores Delgado García, ex fiscal general del Estado y ex ministra de Justicia durante los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez, y se la nombra fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

Dicho ascenso fue adoptado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sucesor del Delgado en el cargo. El Tribuna anula el ascenso el ascenso y el nombramiento porque en la propuesta realizada por García Ortiz la sentencia aprecia "desviación de poder". La desviación de poder consiste en “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.

En este caso, la sentencia considera acreditado que la finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, y para hacerlo posible trató "de llenar lo que", en opinión del proponente, "es una carencia de la legislación en vigor". El Supremo ha fallado que este proceder "se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito".

La sentencia acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar al Consejo de Ministros la propuesta del Fiscal General del Estado, a fin de que se realice otra nueva, teniendo en cuenta cuanto queda dicho sobre la finalidad de la potestad de resolver convocatorias para plazas en el Ministerio Fiscal.

Impugnación

La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se produce tras estudiar el recurso presentado el pasado noviembre por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, en una ponencia del magistrado Luis María Díez-Picazo.

Rueda impugnó el Real Decreto publicado el 4 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que se concedió a Delgado la plaza de fiscal jefe de la Sala Togada.

Delgado ascendió a la máxima categoría del Ministerio Fiscal días antes, el 22 de septiembre de ese año, por decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que la mayoría del Consejo Fiscal apoyó precisamente a Rueda, fiscal especialista en lo militar.

Rueda se hizo con los seis votos de la Asociación de Fiscales (AF) mientras que Delgado obtuvo el respaldo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de los vocales natos –la teniente fiscal del Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente–.

Desviación de poder visible e innegable

Para el tribunal "la desviación de poder es visible e innegable en el presente caso" dada la finalidad declarada de García Ortiz de "reparar lo que él reputaba una laguna en la ley: que quien sin tener la más alta categoría en la carrera fiscal es nombrado Fiscal General del Estado no sea automáticamente promovido, al cesar en el cargo, a la categoría de fiscal de Sala".

Señala que con ese nombramiento, el Fiscal General del trataba de lograr este objetivo que, señalan que en propias palabras de García Ortiz, era "una prioridad". La Sala añade que no cabe subestimar toda la secuencia: iniciativa de convocatoria de la plaza por la propia codemandada –Delgado– cuando aún era Fiscal General del Estado, dimisión poco después de dicho cargo por razones de salud, convocatoria de la plaza y presentación de solicitud por Delgado, propuesta a favor de ella por quien fue su estrecho colaborador y en ese momento ya su sucesor".

Lamenta el tribunal que todo esto ocurriera, "por si fuera poco, de manera rápida y prácticamente sin solución de continuidad". Y recuerda que la definición canónica de desviación de poder contempla "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".

Así, en el caso de Delgado, la Sala recuerda a García Ortiz que la potestad del FGE consistente en hacer la propuesta de resolución de convocatorias de plazas de la primera categoría "no tiene porfinalidad reescribir las reglas de promoción en la Carrera Fiscal, ajustándolas a sus personales preferencias".

Otros recursos

El Supremo aún tiene pendiente resolver los recursos presentados por la AF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez contra la designación el pasado de junio de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, según informa Europa Press.

A juicio de los recurrentes, el nombramiento no fue válido porque el fiscal general no dio opción a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos. Y, como consecuencia de ello, la mayoría del Consejo Fiscal se abstuvo de participar en la deliberación y votación de la plaza, por lo que --aducen-- el órgano consultivo no emitió informe válido.

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado por segunda vez el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala de Menores. Ya lo revocó en abril de 2022 por falta de motivación. En respuesta, Delgado volvió a designarlo desarrollando las razones por las que le encomendaba el cargo. No obstante, el TS cree que sigue siendo insuficiente, por lo que ha vuelto a tumbarlo.