Independentismo catalán

El juez Llarena rechaza la entrega de Puigdemont sólo por delito de malversación

  • El magistrado del Supremo retira la euroorden contra todos los fugados. 

  • El ex presidente catalán no podrá volver a España hasta que prescriba el delito de rebelión dentro de 20 años.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont  se dirige a los medios tras abandonar la cárcel de Neumünster.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se dirige a los medios tras abandonar la cárcel de Neumünster. / EFE

El juez Pablo Llarena ha rechazado la entrega del ex presidente Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación como falló el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, duramente criticado por él y por la Fiscalía por su "falta de compromiso" e "indebida intromisión" en la justicia española.

Llarena responde así a la decisión de la Audiencia alemana que hace una semana resolvió a favor de su extradición por malversación pero no por rebelión, y, además, retira la orden europea e internacional de detención que pesaba contra Puigdemont, lo que significa que tendrá plena libertad de movimientos en el extranjero.

Pero no podrá regresar a España ya que sería automáticamente arrestado -al estar vigente la orden de detención nacional- hasta pasados 20 años, lo que tarda en prescribir el delito de rebelión.

El juez también retira las órdenes europeas e internacionales de detención contra los ex consejeros fugados Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret además de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Con todo, estas órdenes se pueden reactivar en el futuro e, incluso, dictar otras nuevas.

Llarena opta por esta decisión al considerar que las negativas de Bélgica y Alemania a extraditar a los fugados por rebelión, que es la base sobre la que se sostiene todo el procedimiento, "deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento".

En su auto, el juez denuncia "la falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein" con "unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español".

Considera que este tribunal no tiene capacidad normativa alguna ni legal ni materialmente para anticipar un futuro enjuiciamiento de los hechos y abordar las intenciones que pudieron guiar a Puigdemont, cuya versión -añade el juez- llega a ser considerada por los jueces alemanes como una prueba definitiva, sin confrontarla ni con el resto de pruebas ni con las acusaciones del procedimiento.

El magistrado destaca, además, que la Audiencia alemana estaba obligada a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que para que ésta sea vinculante debe hacerla Alemania ya que si la hubiera hecho España sería puramente consultiva.

Y argumenta al respecto las dudas interpretativas del tribunal alemán, la posición siempre favorable de la Fiscalía de este país a cursar la extradición por los dos delitos y la imposibilidad del Tribunal Supremo español de recurrir la decisión de las autoridades judiciales alemanas ante ninguna instancia.

Se da la circunstancia de que la decisión de Llarena se ha producido el mismo día en que la Fiscalía del Supremo se ha opuesto a la puesta en libertad de los presos preventivos del procés en un escrito en el que aprovecha para criticar la "indebida intromisión" de la Audiencia alemana en la jurisdicción española.

La Fiscalía cierra filas con la actuación de Llarena y asegura que la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein supone un incumplimiento del marco jurídico europeo y no puede condicionar "la mayor o menor relevancia penal de los hechos" ni su calificación jurídica, pues esa es competencia de los tribunales españoles.

El Ministerio Público responde así a los escritos presentados por el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los dirigentes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Todos ellos pidieron su puesta en libertad provisional en función del "nuevo contexto social y político" y de, según el Supremo, la "supuesta bondad" de sus perspectivas jurídico-penales tras la decisión del tribunal alemán sobre Puigdemont.

El independentismo ha abrazado la decisión de Llarena, como así ha hecho el propio Puigdemont que la ve como la "demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial" instruida por el juez y reclama la puesta en libertad de los encarcelados.

Puigdemont ha conocido la noticia cuando conversaba por videoconferencia con los diputados de JxCat reunidos en una sala del Parlament, quienes han recibido con sonoros aplausos la noticia.

Igualmente, su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, ha celebrado como un "gran éxito" la decisión de Llarena, quien, en su opinión, ha retirado la euroorden para "evitar un varapalo" de la justicia europea; mientras que el equipo jurídico del Puigdemont en Alemania la ha calificado de "razonable".

Pese a la satisfacción inicial, fuentes próximas al círculo de Puigdemont señalan que deberán hacer un análisis detallado a nivel jurídico de las consecuencias de ese movimiento de Llarena, aunque consideran que sería "lógico" que regresara a su residencia belga en Waterloo, al quedar canceladas las medidas cautelares fijadas por la justicia alemana desde su detención.

De hecho, la Fiscalía de Schleswig-Holstein espera ya el auto del juez retirando la euroorden para, a su vez, solicitar su cancelación formal a la Audiencia Territorial de ese Estado alemán y cerrar el procedimiento allí.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios