Organizaciones empresariales del sector de la educación privada han rechazado "firmemente" que se les aplique un IVA del 21%, una medida que contempla el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, y han anunciado que harán uso de "todos los medios legales" a su alcance.

Así lo exponen en un comunicado conjunto la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Escuelas Católicas (EC) y Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE).

Según exponen estas organizaciones, "la educación tiene consideración en España, y en toda la Unión Europea, de servicio público esencial, y este es el motivo por el cual está exenta del pago del IVA". Además, sostienen que esto es así "en todos los demás países de la UE, y tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas".

En este contexto, advierten de que la aplicación del IVA al sector de la educación privada, "en plena crisis económica derivada de la pandemia, supondría para las familias que libremente la han elegido un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector".

"Vulnera, además, el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, consagrado en el art. 27 de nuestra Constitución, y en consecuencia también afecta a la libertad de creación de centros. Se trata de derechos fundamentales contemplados en el Título Primero de la Carta Magna, por lo que están sometidos a especial protección", argumentan.

De esta forma, avisan de que esta medida tendría como consecuencia "inmediata el desplazamiento de un número incalculable de alumnos a la enseñanza pública, lo que incrementaría el gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto".

Igualmente, creen que en un momento de "enorme transformación" del tejido empresarial español, la inversión en formación resulta "decisiva y se vería afectada muy negativamente por esta inoportuna propuesta".

Pérdida de "innumerables" puestos de trabajo

"Esta medida supondría la pérdida de innumerables puestos de trabajo, pues como hemos expuesto anteriormente, implicaría el cierre de la gran mayoría de los centros privados. Esto no solo se traduciría en una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo", insisten.

También la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) ha rechazado la aplicación de un IVA del 21% al sector educativo, y ha recordado que sus empresas dan empleo a más de 8.000 profesionales y cuentan con cerca de un cuarto de millón de alumnos al año.

En el caso de las academias de idiomas, según ha manifestado, esta medida representa "una gravísima noticia para un sector ya tan castigado y compuesto casi en su totalidad por pymes".

La educación concertada prepara movilizaciones

De manera paralela, las organizaciones de la educación concertada han anunciado que se preparan "para movilizarse frente al ataque a la libertad de enseñanza" que supone a su juicio la reforma educativa de la Lomloe o ley Celaá.

"La concertada declara su hartazgo y dice basta" ante las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos a la reforma educativa, que "refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación".

Lo han destacado en un comunicado todas las asociaciones de la concertada: Escuelas Católicas, Concapa, Cogapa, Cece, FSIE y FEUSO.

Han criticado que Unidas Podemos considere la enseñanza concertada como una "anomalía" que hay que superar, contradiciendo "las llamadas a la serenidad" de la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre que se respetaba a los centros concertados.

Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos "confirman su voluntad de incrementar el número de plazas exclusivamente públicas" en todos los niveles educativos, en especial en Infantil (0-3 años).

También se busca acabar con la complementariedad de redes (pública y concertada), suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas, incrementar el control por la Administración del proceso de admisión de alumnos, implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias y reforzar el criterio de zonificación.

Además, según denuncian, se pretenden eliminar progresivamente los centros de Educación Especial.

Por otro lado, la Lomloe no plantea "ni una sola medida" que mejore la situación de los docentes y acrecienta las "abultadas desigualdades" existentes con sus homólogos de la red pública.

"En realidad, la ley Celaá plantea la derogación de la Lomce (del PP) como excusa para reeditar los viejos planteamientos pedagógicos de la LOE (PSOE), que tan bajos resultados académicos produjo, e imponer la enseñanza pública como único eje vertebrador del sistema educativo en detrimento de otras opciones elegidas por las familias", han argumentado.