"Los abogados y procuradores del turno de oficio tenemos una gran calidad en cuanto a formación y profesionalidad, por eso exigimos una retribución justa y acorde con la realidad". Diego Romero, abogado y vicepresidente de Ajusto, la Asociación de Juristas Sevillanos del Turno de Oficio explica que esta nueva asociación, que se ha dado a conocer el Día de la Justicia Gratuita, ha sido creada "para dar voz" tanto a procuradores como abogados que trabajan el día a día del Turno de Oficio. Aunque su intención es trabajar con los respectivos colegios profesionales, los responsables de Ajusto creen que hacía falta "una asociación que recogiera los problemas que aparecen en el desarrollo diario del turno de oficio".

Por eso, consideran que el día de la Justicia Gratuita es una jornada para reivindicar, tanto unas retribuciones dignas y acordes con los tiempos" como la reducción de los trámites administrativos o la eliminación de incompatibilidades entre los turnos especiales. 

Desde Ajusto, insisten en que tanto procuradores como abogados de oficio están continuamente en formación, "algo que no se corresponde con la retribución". Diego Romero explica que, hasta el pasado mes de marzo, si un día estaban de guardia pero no atendían ningún caso, no cobraban. Ahora son 30 euros por cada guardia. Además si la minuta de un divorcio, por ejemplo, puede estar en unos 2.000 euros, en el turno de oficio cobramos 200 euros por este mismo concepto". 

Por su parte, la procuradora Silvia de Carrión, encargada de relaciones institucionales en Ajusto, apunta que esta nueva asociación pretende "dignificar la profesión y pedir una justa baremación de los trabajos". Recuerda que sobre ellos "cae toda la responsabilidad, tanto en el aspecto de los plazos procesales como en la capacidad económica". En este sentido, Diego Romero recuerda que cuando se deniega la justicia gratuita al solicitante, "la Junta de Andalucía no se hace cargo del trabajo ya realizado ni por el abogado ni por el procurador, quedando sobre ellos la tarea de hacer que el cliente pague".

Denuncian que no sólo se trata de un trabajo "mal retribuido", sino que además mantienen un contencioso con la Junta de Andalucía porque en 2012 una orden de la Consejería de Justicia les descontaba el 10% de lo que recibían por el servicio de justicia gratuita. En 2018, a raíz de un contencioso administrativo del Consejo Andaluz del Colegio de Abogados, se declaró la nulidad de la orden, por lo que se procedió a reclamar ese 10% cobrado de más durante casi siete años. "Hay letrados a los que la Junta de Andalucía le debe hasta 3.000 euros". 

"Somos coadyuvantes de los colegios profesionales de procuradores y abogados. Antes de crear la asociación se lo hemos comunicado a los colegios y, por ejemplo, el decano de la institución de los abogados ha mostrado la intención de reunirse con nosotros para procurar mejorar la situación", afirma Diego Romero sobre su relación con las dos instituciones colegiales.