El que fuera jefe de Administración del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) Juan Luis Medina ha asegurado este lunes en su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla por las irregularidades en dicho centro que desde el mismo se "pidió autorización" para realizar un gasto de 6.555,15 euros de las subvenciones recibidas a la compra de regalos y caramelos para la Cabalgata de Reyes Mayos de Almonte en 2009, en la que había sido elegida para elegida para encarnar a la “reina” Melchor la entonces gerente del consorcio y ex concejal del PSOE en la localidad Ana María Orihuela.

Así lo ha afirmado el testigo en su declaración ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, donde ha corroborado de esta forma la versión que Ana María Orihuela, la principal acusada en este caso en el que se investiga la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas que recibió este consorcio de formación.

El jefe de Administración ha relatado que tiene "constancia" de que se pidió la autorización para hacer ese gasto para la cabalgata de Reyes Magos, por lo que ha insistido en que la Dirección General de Formación para el Empleo -de la que dependía el consorcio- "tenía conocimiento" de que se iba a hacer ese gasto, que se imputó en la contabilidad a los curso previstos para ese año "como un gasto de representación y publicidad del consorcio". Para hacer el gasto "se pidió autorización", ha reiterado en varias ocasiones preguntas de las defensas.

El testigo también ha afirmado, como también hiciera la ex concejal socialista de Almonte Ana María Orihuela, que desde el consorcio se elaboraron "pliegos de condiciones" para la contratación de determinados servicios y contrataciones. "Los pliegos se presentaron, aunque no de todos los servicios y de todos los años", ha subrayado Juan Luis Medina, que ha añadido que a pesar de que se hicieron dichos pliegos "no se aprobó ninguno nunca" porque no recibieron respuesta de la Dirección General de Formación. 

En este sentido, ha afirmado que desde el consorcio trasladaron a la Dirección General su inquietud por la falta de aprobación y ha dicho que no sabe por qué al final no se licitaron esos servicios y contrataciones.

Niega trato de favor al hijo, el sobrino y el veterinario

En el juicio también están acusados el hijo de la ex directora, Manuel Ramírez Orihuela, y un sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela, a los que contrató en el consorcio, además de una persona que realizó servicios veterinarios, Juan Francisco Millán. Sobre estas contrataciones, el jefe de administración ha negado que estas tres personas recibieran un "trato de favor" por parte del consorcio. "Prestaban sus servicios, presentaban sus facturas y se les pagaba cuando se podía", ha aseverado, señalando que en el caso del hijo de la gerente "hacía más de lo que se le exigía, no había quejas de su trabajo".

No obstante, ha admitido que no hubo proceso de selección de estas personas y también que cuando fue cesada Ana María Orihuela, las contrataciones fueron más económicas que hasta entonces, si bien ha dicho que también fue una época en la que "se hicieron menos cursos y recibieron menos subvenciones". El testigo ha negado que ayudara a estos acusados a elaborar las facturas, ayudándoles en los conceptos que tenían que poner o en el desglose de las facturas en diversos servicios.

Preguntado por el sobreprecio que el veterinario presuntamente añadía al pienso que le vendía a Formades el testigo ha dicho que "ningún proveedor quería venderle" al consorcio porque tardaba en pagar, por lo que ha reconocido que algún porcentaje incluiría en las facturas, "algo más de valor" sobre el precio de mercado "porque podía llevarse hasta diez meses sin cobrar" hasta que se recibía el dinero de las subvenciones y se pagaban las facturas, pero ha negado que las facturas se inflaran con el "doble" el precio del pienso para los animales.

El testigo ha sostenido que "los cursos de formación se hacían todos", pero ha reconocido que se dejaron de ejecutar algunas inversiones porque el consorcio funcionaba con una "caja única" de Tesorería y tenían que atender los gastos que iban produciéndose.

Por último, el jefe de administración ha explicado que en un momento el interventor del consorcio se negó a firmar y presentó la dimisión, y ha indicado que no informó a la entonces directora general de Formación Teresa Florido sobre las "anomalías" que había en el consorcio.