A raíz de la queja del ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya presentó un informe en el que asegura que sufrió una "abordaje inesperado" por un grupo de periodistas interesados en conocer su opinión sobre la sentencia absolutoria dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.

En ese escrito, que fue remitido el pasado 25 de julio, la juez recoge que es cierto que en los pasillos de la Sección Séptima de la Audiencia fue "abordada por varios periodistas" el día 20 de junio tras su intervención en un debate-coloquio en el club Siglo XXI, lo que había motivado una queja del Consejo Fiscal y ala apertura de unas diligencias informativas, que también fueron archivadas posteriormente.

"Las preguntas iniciales y centrales giraron en torno a dicha diligencia informativa, queriendo saber sobre esta cuestión, y sobre mi estado de ánimo ante la misma, a lo cual respondí que me encontraba muy tranquila", asegura Alaya, que añade que los periodistas hicieron varias preguntas, "dos o tres, en el contexto de aquel abordaje inesperado sobre el caso Betis y sobre lo que opinaba acerca de que se hubiese dictado finalmente una sentencia absolutoria por la Sección Tercera de esta Audiencia. Contesté que no había leído la referida sentencia, pero que me merecía todos mis respetos, respuesta no solamente formal sino sincera por la calidad jurídica y personal de mis compañeros a los que conozco", asevera.

Alaya insiste en que en aquella ocasión afirmó que el caso Betis era "un ejemplo de la utilización de la Justicia y de los medios puestos a su alcance, para alcanzar luego las partes, aprovechándose del trabajo judicial realizado, acuerdos lucrativos extrajudiciales".

Sobre estos acuerdos, Alaya traslada al promotor de la Acción Disciplinaria que los mismos "concluyeron con la salida del señor Ruiz de Lopera del Real Betis a cambio de 14 millones de euros que se le pagaron y a cambio de la retirada de las acciones judiciales contra él", y se llegaron despuntes de concluir el sumario que ella instruyó y después de que "el concurso de acreedores del Real Betis fuera declarado culpable, llegándose incluso a una conformidad por parte del señor Ruiz de Lopera con el Ministerio Fiscal en el caso caso Betis que lo acusaba de apropiación indebida y en su caso delito societario" por los que había aceptado una multa de 3.600 euros, y "después de que en la jurisdicción civil se fallara también en contra del señor Ruiz de Lopera acerca del tema de su acciones en el Real Betis Balompié, pues se decretó la nulidad del 31% de las acciones supuestamente adquiridas por él en el año 1992, de su paquete accionaria del 51%".

Alaya sostiene que se llegó a "demostrar a través de los informes periciales que la defraudación fue de casi 25 millones"

Alaya asegura que, a las preguntas de los periodistas, insistió en que no había leído la sentencia y afirmó que "lo único que podía decir al respecto es que en fase de instrucción se llegó a demostrar a través de los referidos informes periciales que la defraudación por parte del señor Ruiz de Lopera a través de las citadas entidades instrumentales fue de casi 25 millones, analizando los peritos la cuentas oficiales de las tres entidades".

Dice la juez que los periodistas le preguntaron por si se llevaba una contabilidad paralela, a lo que asegura que respondió que "no había tenido conocimiento de ello y que por consiguiente no estaba en condiciones ni de afirmar ni de descartar lo que le preguntaban, que el único conocimiento que tenía era el de la instrucción y que la misma se había basado en los libros oficiales de contabilidad".

La magistrada afirma que la instrucción del caso Betis fue larga, duró aproximadamente casi siete años y fue "muy compleja, plagada de continuos recursos que dilataban la instrucción y de diversas quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de la defensa".

Reitera la "calidad" de los informes periciales

La juez sí reconoce que dijo que los informes periciales "no se basaban en hechos futuribles sino en hechos consumados". "Ignoro qué consideración y valor le dio la sentencia a los citados informes periciales, valor y consideración que respeto, de la misma forma que en este informe tengo que defender la calidad de dichas periciales, pues de no ser así no hubiese dictado auto de procesamiento contra el señor Ruiz de Lopera y no se hubiesen superado los numerosísimos recursos interlocutores interpuestos por la defensa, de los que se encargó la Sección Primera como órgano de apelación".