El caso de los ERE

Bolaños ordena investigar las ayudas a ex trabajadores del Grupo Joly

  • La magistrada pide a la Guardia Civil que elabore seis atestados, entre ellos el de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz

La juez María Núñez Bolaños. La juez María Núñez Bolaños.

La juez María Núñez Bolaños. / antonio pizarro

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE, ha ordenado a la Guardia Civil que realice un atestado en relación con las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía, en 2004, a 36 ex trabajadores del Grupo Joly.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado una providencia en la que, en el marco de las diligencias 174/11 –la causa matriz de los ERE–, acuerda incoar diligencias previas sobre las empresas Altadis, Germans, Coosur, Incosol, Industrial Naval de Cádiz y la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz. Tras la apertura de nuevas piezas separadas, la juez siempre ordena a los investigadores de la Guardia Civil que elabore un atestado sobre las ayudas concedidas a estas empresas.

Se trata de una actuación que se enmarca dentro de la instrucción de la macrocausa, una vez recibido el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). En la providencia, la instructora ordena además incoar diligencias previas sobre otras cinco empresas de las que está a la espera de recibir los correspondientes atestados: Fábrica de Muebles, Grupos Smurfit, Nature Pack Minas de Riotinto, Nerva Croissant y Papacor.

El ERE que afectó a los ex trabajadores del Grupo Joly se remonta al año 2004 y en él, en todos sus extremos, se cumplieron los requisitos legales exigidos por la Administración andaluza, incluido el de la edad de los empleados que podían acogerse a dichas prejubilaciones.

Las ayudas concedidas en su momento por la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo fueron a parar directamente a la Asociación de Trabajadores de la prensa de Cádiz. En ningún momento pasaron por la contabilidad del Grupo Joly, ni en ningún caso sirvieron para financiar la expansión empresarial de esta compañía, como falsamente publicó el pasado julio el diario Abc. El Grupo Joly financió su desarrollo en Andalucía exclusivamente con sus recursos propios y acudiendo al mercado crediticio.

Los 36 ex trabajadores que se acogieron a las prejubilaciones cumplimentaron en el año 2004 todos los trámites que se les exigió desde la Consejería de Empleo.

En el ERE que afectó a estos 36 ex empleados del Grupo Joly no se encontró además ninguno de los denominados “intrusos”, como ha ocurrido en algunas de las 270 ayudas investigadas por el juzgado, donde han aparecido personas que habrían sido incluidos en las pólizas con las que se pagaban las ayudas y que en realidad nunca habían trabajado para estas otras empresas.

La juez ha exculpado a varios beneficiarios de otras ayudas, a los que ha tildado de “víctimas”

La legalidad de las ayudas otorgadas a los ex trabajadores del Grupo Joly ha sido igualmente avalada con posterioridad por la propia Junta de Andalucía. La Administración autonómica dictó el 16 de octubre de 2012 el decreto 4/2012, de “medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores y ex trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis”, que avala la legalidad de las ayudas concedidas a los ex trabajadores del Grupo Joly, que en la actualidad siguen percibiendo sus prejubilaciones como otros tantos miles de trabajadores andaluces que se beneficiaron de las ayudas que actualmente investiga la Justicia.

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni las otras dos acusaciones populares que hay personadas en la causa de los ERE han exigido en ningún momento que los más de 6.000 trabajadores andaluces que se beneficiaron de las ayudas y lo siguen haciendo en la actualidad devuelvan las cantidades percibidas, ni han solicitado que sean llamados al proceso como partícipes a título lucrativo.

De ello se desprende que las presuntas irregularidades se enmarcarían supuestamente en la fase de concesión y tramitación de las ayudas, fase que es ajena a la solicitud realizada en su día por los ex trabajadores que se acogieron a las prejubilaciones, y que nada tiene que ver con la actuación del Grupo Joly, que cumplió estrictamente con sus obligaciones laborales a la hora de proceder a la extinción de los contratos de estos 36 trabajadores.

El propio informe pericial elaborado por los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reconoce hasta en tres ocasiones que las ayudas a los ex trabajadores del Grupo Joly fueron incluidas en el decreto 4/2012, de regularización de las ayudas.

La legalidad de muchas de las ayudas concedidas ha sido incluso avalada en diversas ocasiones por la juez María Núñez Bolaños, que desde hace más de tres años instruye la macrocausa de los ERE. Bolaños ha dictado varias resoluciones en las que ha acordado el archivo de algunas de las piezas abiertas de los ERE, al entender que las personas citadas a declarar como investigadas son en realidad “víctimas o perjudicados” por la “caótica y desordenada” tramitación de los expedientes por parte del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en la macrocausa y que en la actualidad está siendo enjuiciado en la vista por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde se trata de determinar si el procedimiento utilizado por la Junta para la concesión de las ayudas era ilegal o no.

En uno de esos autos, la instructora concluye que no se puede traer como investigado a un procedimiento penal a “todos los ciudadanos” que solicitaron y recibieron ayudas de la Dirección General de Trabajo entre los años 2000 y 2010, “por el mero hecho de que dichas ayudas se tramitaron de forma irregular, como pretende y ha mantenido el Ministerio Público durante la instrucción” de las diligencias previas 174/11.La conducta de estos beneficiarios de las ayudas sociolaborales, concluía la juez Bolaños en uno de esos autos, “no constituye indicio alguno de criminalidad que justifique su investigación”.

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