La Junta no conocía al completo las residencias que había en la provincia de Sevilla al inicio de la pandemia del coronavirus. Así lo expone el fiscal delegado de la Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con discapacidad de la Fiscalía de Sevilla, Norberto Sotomayor, en un decreto en el que recoge la "gravedad de la falta de un conocimiento completo de las residencias de Sevilla y provincia por parte de la administración" cuando se decretó el estado de alarma, lo que provocó que la mayoría de las residencias no recibieran órdenes y directrices de la Junta "hasta el mismo día de la declaración del Estado de Alarma", el 14 de marzo, o incluso "con posterioridad". De esta forma, el fiscal concluye que, en la mayor parte de las ocasiones, "la iniciativa de la administración fue nula o escasa para mantener informadas a las residencias y facilitarles pautas de actuación".

Esta situación, destaca el fiscal, llevó a que la mayor parte de las 16 residencias de Sevilla en las que hubo fallecimientos durante la primera ola, a actuar "por propia iniciativa, algunos incluso cerraron sus puertas a familiares y terceros antes del estado de alarma, ante el pánico generado por las noticias en medios de comunicación". Mucha residencias actuaron "sin comunicación directa con la Administración", insiste.

Las comunicaciones con las residencias han sido "parciales, desestructuradas y dispersas", lamenta el fiscal, que subraya que "no han existido órdenes claras con un contenido similar en las residencias" y a algunas "no les llegó comunicación alguna en los días previos y posteriores al Estado de Alarma".

Asimismo, señala que desde un primer momento "se apreció falta de coordinación entre las distintas delegaciones implicadas", las de Salud y de Igualdad, por lo que la información facilitada era "incompleta" y no existía una "relación fluida" entre las delegaciones. Como no existía un listado completo de residencias, cuando se facilitó era igualmente incompleto -"no estaban todas las residencias, algunas ya estaban clausuradas, otras de nueva apertura no aparecían y en otras los datos aportados de email, teléfono o dirección no se encontraban actualizados"-, la Fiscalía tuvo que realizar "una labor de investigación a fin de identificar todas las residencias" y llegó a solicitar a las residencias que "informaran directamente" a la Fiscalía dado que en las primera semanas, en ocasiones, la información oficial "no se ajustaban a los datos que se recibían".

El decreto de la Fiscalía archiva la investigación abierta durante la primera ola por las 151 muertes registradas en 16 residencias de Sevilla y provincia, al estimar, no obstante, que no se han apreciado "ilícitos penales" en la actuación de estos centros. "Las residencias reaccionaron cuando fueron requeridas para ello, cerrando a familiares y terceros las residencias y adoptando, dentro de la medida de sus recursos, las actuaciones necesarias", precisa el fiscal Sotomayor, que recuerda que las residencias "no son centro sanitarios", con centro residenciales donde los mayores y/o personas con discapacidad hacen vida residencial. Por tanto, no se puede exigir a estos centros un nivel de responsabilidad sanitaria igual que a un centro hospitalario".

Otra cuestión, añade el fiscal, será la necesidad de "repensar y ajustar las plantillas a las necesidades sociosanitarias de los residentes". Además, la "falta de material adecuado en caso alguno puede ser atribuible a las residencias. Tampoco una respuesta tardía puede serles achacable. Es notorio la escasez de material nivel nacional y ésta no puede ser achacable a las residencias", señala con respecto a la falta de material durante los primeros meses de la pandemia. 

Dice el representante del Ministerio Público que se produjeron "incumplimientos" por parte de alguna residencia que, una vez valorados y previo apercibimiento, "fueron corregidos y no se consideró suficiente para la apertura del proceso penal, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Administración inspectora".

12 residencias en seguimiento durante la segunda ola

En la segunda fase de la pandemia, a partir de agosto, la Fiscalía ha abierto otras 12 nuevas piezas de investigación respecto a 12 residencias donde se han producido fallecimientos, con lo que en total son 28 las residencias de mayores investigadas y otra residencia con discapacidad. Hasta el 10 de julio se habían producido 151 fallecimientos en las residencias de mayores de Sevilla, donde se llegó a un pico máximo de 338 casos positivos el 21 de abril y 347 trabajadores contagiados.

Según los datos recopilados por la Fiscalía, en Sevilla hay 172 residencias de mayores, de las que sólo hay diez de titularidad pública, lo que representa el 5,8% del total. En las residencias hay unos 8.000 mayores y 5.200 trabajadores. Y del total en las que se han producido fallecimientos, 15 son privadas o privadas-concertadas y sólo una pública. Mientras que hay otras 41 residencias para personas con discapacidad, de las cuales sólo hay cuatro públicas y en las que no se produjo ninguna muerte por el Covid-19 durante la primera ola de la enfermedad. En estos centros de discapacidad hay unos 940 residentes y 944 trabajadores.

El fiscal critica en su decreto igualmente la falta de inspecciones en las residencias, dado que de las 16 residencias afectadas por fallecimientos en la primera ola, "en cinco de ellas no se habían practicado inspecciones durante 2019 y 2020 hasta el estado de Alarma". En las que sí se hicieron inspecciones, "resultaban o destacan incumplimientos graves. Es llamativo la falta de simulacros de incendios en muchas, la falta de autorización definitiva en algunas, la mala señalización en caso de peligro, incumplimiento de ratios de personal, falta de seguro obligatorio, etc".

Pero esos incumplimiento no habían dado lugar a expediente o sanción, sólo existía "propuesta de inicio de expediente sancionador" en dos de las residencias afectadas, dice el fiscal, que resalta que la "escasez de medios humanos es manifiesta e insuficiente para poder desarrollar una labor inspectora eficaz", y esa escasez de medios ha llevado a que muchos controles se realizaran "telefónicamente o se produjeran las inspecciones de residencias gravemente afectadas con mucho retraso".

De otro lado, el fiscal destaca el "enorme compromiso y esfuerzo desinteresado que han desempeñado" los médicos que han estado al frente de las residencias afectadas pro la enfermedad, y señala que la tardanza inicial en hacer los test en las residencias -los test llegaron casi un mes después de la declaración del estado de alarma- provocó una "respuesta ineficaz por los facultativos en las residencias", dado que durante un mes "sólo pudieron separar a los que presentaban síntomas". Y, por tanto, la tardanza fue "decisiva para la toma de decisiones".