La tecnología para acercar a los presos a sus familias durante el estado de alarma y después de que se hayan suspendido las comunicaciones. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido a los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado 205 terminales de telefonía móvil, para paliar la restricción de las comunicaciones derivada del Real Decreto del estado de alarma.

Se trata de 205 smartphone con los que los internos que lo soliciten podrán comunicar mediante videollamada con sus familias o sus letrados. Según el protocolo que la Dirección de Ejecución Penal ha remitido este martes a los establecimientos penitenciarios, serán los directores de los centros quienes ordenen su uso entre todos los internos que lo soliciten, garantizando las medidas higiénicas adecuadas para evitar posibles contagios.

Los teléfonos estarán permanente controlados y custodiados por un funcionario responsable, según ha informado el Ministerio del Interior. Las videollamadas, de 10 minutos de duración, se realizarán en espacios en los que se garantice la intimidad y la seguridad de la comunicación. Sólo estará controlada visualmente por un funcionario para evitar el uso inadecuado del terminal, como la toma de fotografías, exceptuando los casos en los que se haya decretado la intervención de las comunicaciones.

De otro lado, los Servicios de Orientación Jurídica, que quedaron suspendidos por el estado de alarma, se están reactivando mediante la implantación en los centros penitenciarios de mecanismos  tecnológicos que permitan la comunicación de los internos mediante videollamadas y videoconferencias RDSI con los respectivos colegios de abogados.

Mientras se completa su implantación, se ha posibilitado que los letrados de Orientación Jurídica puedan contactar con los internos a través de los teléfonos que faciliten los centros y, excepcionalmente, por locutorio, siempre que las condiciones sanitarias del interno permitan su desplazamiento.

Tras la suspensión de las comunicaciones como mecanismo de protección contra la infección por Covid-19, Instituciones Penitenciarias decretó el aumento de las llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos. De las 8 reglamentarias a 15. Además, se estableció la gratuidad de las llamadas para los internos sin recursos económicos.