La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha retirado este miércoles la acusación contra el ex portavoz municipal de IU ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrjos y contra el ex concejal José Manuel García, en relación con las mordidas de 155.000 euros pagadas supuestamente por Fitonovo para “financiar” este partido. La decisión del Ministerio Público implica que tanto Torrijos como José Manuel García serán absueltos en la sentencia, dado que la Abogacía del Estado ya se retiró del procedimiento antes de iniciarse la vista oral.

Ocho años después de su imputación por la juez Mercedes Alaya, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamaba inicialmente una condena de cuatro años y el pago de una multa de 6.000 euros para Antonio Rodrigo Torrijos y para el ex concejal de la misma formación José Manuel García, pero una vez practicada la prueba en el juicio que comenzó en octubre pasado en la Audiencia Nacional ha decidido retirar los cargos contra ambos. Dice el fiscal en el nuevo escrito de conclusiones definitivas, al que ha tenido acceso ese periódico, que no hay constancia de que ambos conocieran la entrega de dinero por parte de Fitonovo al ex militante de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona -uno de los acusados que ha reconocido los hechos-, "ni que participaran o consintieran esos pagos como retribución a su intervención en las actividades de las que eran responsables en el Ayuntamiento de Sevilla o en procedimientos que se tramitaran ante dicho Ayuntamiento".

Además, el Ministerio Público ha recordado que los expedientes de los 11 campos de fútbol "no fueron adjudicados" por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), sino por un procedimiento tramitado por la Mesa de Contratación única del Ayuntamiento, adjudicados por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla y firmados por la Dirección General de Hacienda, Patrimonio y Contratación. La Fiscalía también ha retirados los cargos contra dos acusados por el pago de mordidas relacionadas con el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), Alfonso Lecea Machado y Randy Scharberg Carrrión.

Torrijos negó durante su declaración que conociera el pago de 155.000 euros de Fitonovo a su formación política, parte de los cuales habría sido entregados para financiar la campaña de las elecciones municipales de 2011. El ex edil sostuvo que ni pidió ni tuvo conocimiento de las mordidas y ha señalado que tampoco despachó con el militante de la formación que ha confesado los hechos.

El fiscal le preguntó expresamente durante el interrogatorio al ex primer teniente de alcalde de IU si conocía que se habían realizado presuntamente dos pagos, uno de 70.000 euros que fueron entregados en una "caja de zapatos" el 30 de marzo de 2010 y los otros 85.000 euros con fecha 18 de febrero de 2011. "En ningún caso, en absoluto. No me consta", fue la respuesta de Torrijos, que a continuación ha respondido que no tenía conocimiento de cuánto costaba la campaña para las elecciones municipales.

El ex primer teniente de alcalde aseguró que en las delegaciones que dirigía en ninguna de ellas se ha adjudicado "ningún contrato" a la empresa Fitonovo, ni él tuvo ni sus delegaciones tuvieron intervención en los expedientes para los 11 campos de fútbol.

A preguntas de su abogada, Encarnación Molino, el acusado explicó entonces que estos expedientes formaban parte del Fondo Estatal de Inversión local, el conocido como Plan 8.000, y tenían dos requisitos muy concretos, que fuese una "ejecución rápida y garantizar la contratación de muchas personas", por lo que se generó una mesa única de contratación en el Ayuntamiento "con el personal más cualificado" y él no tuvo ninguna intervención, reiteró.

Por su parte, José Manuel García, que está representado por el abogado José María Núñez, aseguró en su declaración en el juicio que "no tenía ningún conocimiento" de que un militante de IU que llegó a un acuerdo con la Fiscalía "pidiera nada, ni de que IU lo pidiera, ni de que llegara ningún dinero a IU".

La decisión de la Fiscalía se produjo después de que un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegurara en el juicio que "no hay ninguna evidencia" de que el PSOE e IU recibieran 30.000 y 155.000 euros de la empresa, dado que no se realizó ninguna comprobación más allá de las declaraciones efectuadas por los directivos de la empresa contratista que sostenían que se les había solicitado ese dinero para ambas formaciones políticas.

Así lo dijo en su declaración en la Audiencia Nacional un agente que realizó el denominado "informe transversal relativo a las evidencias que confirman la veracidad de las comisiones a funcionarios registradas en la contabilidad B de la empresa Fitonovo", en el que se analiza el sistema empleado por la empresa para el pago de los sobornos. 

En la causa están personados como partícipes a título lucrativo el PSOE e IU, cuyos letrados han preguntado al testigo expresamente sobre si se hizo alguna comprobación respecto a que los 30.000 euros que había solicitado para el PSOE el ex director del área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño habían llegado a esta formación política. "No hay ninguna evidencia", ha respondido el agente, que ha señalado que eso es lo que habían declarado los dueños de Fitonovo. Así, el agente ha añadido que el dueño de Fitonovo aseguró que le pidieron esa cantidad para el partido socialista -inicialmente le pidieron 60.000 euros, que luego se rebajaron a 30.000-, aunque él "dudaba" y crecía que en realidad era para el funcionario que lo solicitaba.

La Fiscalía mantiene la acusación contra Joaquín Peña (PP)

La Fiscalía sí ha mantenido la acusación contra el ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP), si bien le retiró el delito de cohecho y sólo mantiene la acusación por un delito de tráfico de influencias, en el que aprecia además la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por los más de cinco años que han transcurrido desde que finalizó la instrucción hasta que comenzó el juicio -y los más de tres años desde que se abrió juicio oral hasta el inicio de las sesiones de la vista oral-.

Inicialmente, la Fiscalía había pedido una condena de cinco años y medio de cárcel y multa de 10.200 euros para el ex director de Medio Ambiente, pero ha rebajado su petición a 20 meses de prisión y el pago de una multa del "150%" del importe de los contratos, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por cinco años por el delito de tráfico de influencias.

El fiscal ha dado la razón en la modificación de sus conclusiones a Joaquín Peña respecto a que el vehículo Volkswagen Passat que adquirió en la época de los hechos lo pagó "con sus propios fondos, haciendo una entrega de dinero por transferencia y efectivo por importe de 6.600 euros y financiando el pago del resto del vehículo", tal y como el acusado venía defendiendo desde el inicio de la instrucción.

Sobre el delito de cohecho, subraya el fiscal Vicente González Mota, "no consta que el acusado percibiera o solicitara comisión o dádiva por su participación en los hechos objeto del escrito de acusación ni que conociera que el acusado Francisco Amores o cualquier otra persona hubiera reclamado a Fitonovo el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones en el Ayuntamiento de Sevilla".

Tampoco consta que Joaquín Peña "hiciera gestiones en favor de Fitonovo pese a las pesiones y solicitudes efectuadas por los representantes de Albaba", ni que en el macrocontrato 400/2012 por importe de 48 millones "se efectuara adjudicación gracias a la intervención" de este acusado. 

Joaquín Peña negó en su declaración en el juicio que ofreciera información privilegiada a alguna empresa sobre el macroconcurso de 48 millones que se adjudicó en el año 2012 y también rechazó que conociera que la empresa Fitonovo estuviera pagando mordidas por la adjudicación de los contratos municipales.

El PSOE e IU siguen como partícipes a título lucrativo de los hechos

De otro lado, el fiscal sigue sosteniendo que Fitonovo pagó los gastos de reforma de la sede del local de la agrupación del PSOE de la Macarena de Sevilla por "petición expresa" del ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño -otro de los procesados que ha reconocido los hechos-, facturándose dichos gastos a la sociedad Klevin, con lo que "se ocultó que el pago lo hizo Fitonovo". El importe facturado asciende a 9.998,43 euros, cantidad en la que "se benefició el PSOE". 

Por todo ello, la Fiscalía mantiene que procede condenar como partícipe a título lucrativo al PSOE por el importe de las obras de reforma de la sede de la agrupación socialista, y también a IU en la cantidad de 155.000 euros, cantidad entregada por Fitonovo al ex militante de la formación de izquierdas.

Al inicio de este juicio, diez de los 13 acusados alcanzaron un pacto con la Fiscalía para reducir sus condenas a penas mínimas de entre dos y nueve meses de prisión que además no van a cumplir.