La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sólo investigó a una decena de empresas en la macrocausa de las facturas falsas de la UGT-A de entre los 5.232 proveedores del sindicato, según ha confirmado este miércoles el comandante de esta unidad que dirigió la investigación del presunto fraude.

A preguntas del abogado Víctor Moreno Catena, que defiende a la secretaria de Gestión Económica del sindicato, María Charpín, el comandante de la UCO ha reconocido que únicamente se investigó a las ocho o nueve empresas que han sido finalmente traídos al juicio, algo que ha justificado en que fueron los empleados del sindicato quienes en sus declaraciones ante los investigadores "señalaron a los proveedores de confianza" de la UGT-A y estos datos fueron los que finalmente "manejaron" los agentes del Instituto Armado.

El comandante de la unidad, que lleva ya dos días declarando ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, ha explicado que tenía la "sensación" de que para ser proveedor de UGT-A había que aceptar que tenían que ofrecer unos descuentos de precios que no eran "comunicados" a la Junta de Andalucía y con los que se financiaba la acción del sindicato, tal y como sostiene la Fiscalía Anticorrupción.

El mando policial ha destacado el proceso de selección que tuvieron que realizar de la voluminosa documentación intervenida y en este sentido ha reconocido que "probablemente" no analizaron todos los documentos incautados porque el "volumen era enorme" y "nosotros no somos una auditoría".

También ha indicado que los agentes trabajaron con un copia del disco duro que entregó una notaria en el decanato de los juzgados el 19 de diciembre de 2013, que recogía los datos actualizados de la contabilidad hasta septiembre desde ese mismo año, y no trabajaron sobre la copia del servidor de la UGT-A que ellos mismos realizaron con motivo de los registros practicados en las dependencias del sindicato durante los días 19 y 20 de diciembre de 2013. Aunque la copia que tenía la Guardia Civil era más reciente, utilizaron la entregada por la notaria por una "cuestión informática", pero a su juicio no influía para nada en la investigación porque los hechos se referían a "subvenciones otorgadas en ejercicios anteriores".

El testigo ha insistido igualmente que el objetivo de la investigación policial no era analizar la contabilidad de la UGT-A, sino si determinadas facturas "se correspondían con la realidad o no; la contabilidad no era interés, por eso no la estudiamos", ha aseverado el comandante, que ha dicho igualmente que no era un experto en economía. 

Y ha insistido en que su unidad no tenía que decir qué facturas o no se correspondían con el conocido como "bote" -uno de los mecanismos del presunto fraude-, sino que en sus atestados pusieron de manifiesto que había "un modus operandi en la confección de facturas y eso nos lleva a pensar en la posible existencia del fraude".

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que una tercera vía para sustraer fondos de las subvenciones, además del rápel y el bote, fue la organizar un "sistema de alquileres simulados por las aulas empleadas para la formación", aspecto sobre el que el testigo ha dicho que si el sindicato no había realizado el gasto "no lo puede justificar, a menos que se lo invente" y por tanto se ha utilizado un "artificio", porque "si las aulas son de UGT y ésta recibe la subvención, no se produce un gasto por el alquiler" de dichas aulas para la realización de los cursos de formación, ha dicho el funcionario. 

Preguntado por la defensa sobre por qué iniciaron una investigación dirigida por el juzgado de Instrucción número 6 -cuya titular era entonces la juez Mercedes Alaya- cuando otro juzgado de Sevilla, el de Instrucción número 9- y la Fiscalía Superior de Andalucía mantenían sendas pesquisas sobre el caso de las facturas falsas de UGT-A, el responsable de la unidad ha dicho que "no sabía" que había otras investigaciones en marcha.

15 acusados y penas de hasta siete años

En el caso de las facturas falsas de UGT-A, la Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar,  mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño solicita cinco años de cárcel y multa de 50 millones.

Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía pide que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.