El guardia civil que dirigió la investigación a UGT-Andalucía ha reconocido este martes en la Audiencia de Sevilla que el sindicato, a través de su sociedad instrumental Soralpe, desvió dinero de la subvención de la Junta para cursos de formación a pagar sobresueldos a miembros de la propia organización, "desde 900 a 3.000 euros al mes", aunque no profundizó en la investigación de esos "documentos". De hecho, ha insistido por activa y por pasiva en que no estudió la contabilidad de UGT ni de Soralpe: "Porque parto de que es mentira", ha alegado. En cualquier caso, ha ratificado que el alquiler de determinadas sedes por toda la comunidad para efectuar la actividad formativa se efectuó bajo "un artificio que permite presentar un gasto que en realidad no existe", ya que el contrato lo firmó Soralpe con el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de la propia UGT. Y ha ratificado su atestado y datos como que el sindicato usó esos fondos para pagar gastos de su actividad ordinaria, incluida la compra de "paipáis para el Día del Orgullo" o "el arreglo de la silla de una tal señorita Toñi".

El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que instruyó el atestado en el que se recopilaron todos los documentos de una amplia y exhaustiva investigación ha sido el único protagonista de la segunda sesión del juicio que se está celebrando en la Sección Tercera contra la antigua cúpula andaluza de UGT. Durante el largo interrogatorio al que lo ha sometido la Fiscalía Anticorrupción, de casi tres horas, no ha sido especialmente contundente pero al menos no ha llevado la contraria a la acusación pública cuando le ha enumerado algunos de los destinos que tuvo parte de un dinero (40 millones en total) que en teoría debió dedicarse a formar a trabajadores en paro.

Entre otras cosas, UGT compró "un set de bolígrafos, paipáis para el Día del Orgullo, banderas, camisetas" y "hasta pagó el arreglo de la silla de una señorita Toñi". "Parece que es así", ha respondido el testigo, también cuestionado por una partida de "calendarios de pared". "No creo que para una subvención para cursos de formación haga falta ese número, nos parece que es otra cosa. Pero es el órgano gestor de la subvención el que debe valorar si ese gasto es legible o no", ha añadido.

El oficial también ha indicado que al revisar los discos duros de Soralpe vieron "algún documento en el que se dice que determinadas cantidades de dinero se pagan a determinadas personas". En el caso de Federico Fresneda, secretario general de Administración en aquella época, eran 2.000 euros mensuales.

Una parte de esos fondos públicos distribuidos desde Soralpe también se dedicó al alquiler de la caseta de UGT en la Feria de Sevilla. El testigo no ha confirmado ni desmentido nada cuando el fiscal ha citado que aparecía una partida de 2.240 euros para ese fin. Y tampoco ha sido precisamente rotundo cuando se le ha preguntado por otra partida que sirvió para pagar un viaje a Costa Rica de Manuel Pastrana, máximo dirigente del sindicato entonces y exento de esta vista oral por motivos de salud. "Lo que vimos es que existía una confusión en los gastos de estas empresas. No digo que no pueda pagar ese viaje, aunque parece que no debe", ha respondido.

Para escoger las declaraciones más rotundas del oficial hay que acudir a su relato sobre el principio de la investigación, "consecuencia del caso de los ERE", cuando "enseguida" supieron que "podía haber un fraude", en especial al descubrir lo que el propio sindicato definió como "bote". La Guardia Civil lo llamó "depósito financiero". Esto es, "una cantidad que el sindicato tenía a su favor con determinados proveedores", o dicho de otro modo, "la discrepancia entre el servicio que se presta y lo que se factura". El testigo ha puesto un ejemplo: "Si entrego una factura por 100.000 euros y el material vale 60.000, queda registrado un depósito de 40.000 a mi favor".

La otra modalidad de fraude, según la investigación, es la de rápel o "descuento por volumen de ventas" que se realizaba también a los proveedores del sindicato, generalmente "al final de un determinado periodo". Según el instructor del atestado, UGT-Andalucía no informó a la Junta de Andalucía de estos "descuentos". "Si presento una factura por 100 y hago un rápel de un 15%, debo hacer constar a la Junta que me ha costado 85, no ocultárselo", ha advertido. Al no hacerlo, UGT facturaba "menos de lo recibido" y por tanto obtenía un beneficio irregular.

El testigo ha matizado que UGT "no trataba a todos los proveedores por igual". Eso significa que a un grupo de empresas con las que tenía mucho más trato les hacía descuentos distintos a los del resto. En todo caso, ha dicho que el Comité Ejecutivo Regional estaba informado de todos los datos, tanto los relativos a los botes como a los rápeles.

Después ha llegado la hora de analizar los alquileres de sedes sindicales para celebrar los cursos de formación que en teoría sí se desarrollaron. "Ese espacio para las actividades formativas se lo alquilaba Soralpe a IFES. Lo que la subvención financia es el alquiler de aulas que necesite la entidad que recibe la subvención. Para eso hay que demostrar que se ha incurrido en un gasto. Si tengo mi propio espacio [al ser los inmuebles propiedad de UGT], no puedo facturar por él más que unos gastos de mantenimiento. Lo que UGT hace es ceder en usufructo sus sedes a Soralpe y luego IFES es la que alquila las aulas a Soralpe, que son propiedad de UGT. Soralpe vuelve a facturar a UGT y es la que se presenta en el momento de la justificación. Es un artificio que permite presentar un gasto que en realidad no existe", explicó el agente, que luego ha empleado la expresión "alquiler ficticio".

El fiscal le ha hecho entonces una pregunta muy directa: "¿Era UGT consciente del fraude?". Y de nuevo se ha encontrado con una contestación más bien indirecta: "Creo que esta forma de actuar se ha repetido en diferentes federaciones o provincias, todo ha funcionado igual. ¿Es un modus operandi propio de UGT Andalucía? No, pero ofrece una financiación muy importante para esta entidad".

Como colofón a su intervención, el guardia civil ha reiterado que la UCO no estudió la contabilidad de Soralpe ni la de UGT. "No puedo decir el estado contable de estas empresas. Nos limitamos a poner en evidencia los documentos que vamos encontrando. ¿Puede tener Soralpe material de todo tipo para los cursos? No lo sé", ha comentado. Después, cuestionado por una defensa, ha agregado: "Nunca estudio la contabilidad porque parto de que es mentira".