Primera sesión del juicio por el caso de las facturas falsas de la UGT-A y ya se ha producido el primer rifirrafe entre la defensa del sindicato, que está sentado en el banquillo como responsable civil subsidiario de los más de 40 millones de euros que se reclaman por el presunto fraude en las subvenciones, y la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, a raíz de un acuerdo para el fraccionamiento del pago al que la organización sindical ha llegado con la Administración para la devolución de una cantidad que puede llegar hasta los 70 millones. Y en medio de este enfrentamiento, la petición del sindicato de que comparezca como testigo el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, una petición que los servicios jurídicos de la Junta han reprochado afirmando que dicha comparecencia "sólo busca el morbo mediático".

La declaración de Juanma Moreno se ha solicitado en su condición de presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que, en su reunión del 20 de diciembre de 2022, aprobó autorizar el fraccionamiento solicitado por UGT-A para el reintegro durante 25 años de las cantidades recibidas en las subvenciones concedidas entre el periodo 2008-2018, y en las que estarían incluidos los 40 millones que se reclaman a la organización sindical en este juicio.

Después de que las defensas de los 15 acusados hayan cargado contra lo que han considerado una instrucción "inquisitorial" por parte de la juez Mercedes Alaya en el caso de las facturas falsas, el abogado que representa a la UGT-A, José María Calero, ha intervenido en el turno de cuestiones previas para solicitar a la Junta de Andalucía que retire la reclamación de los más de 40 millones -40.750.047,47 euros- que se exigen como responsable civil subsidiario al sindicato en este juicio, todo ello en base a un acuerdo al que llegó la organización sindical y que se plasmó en un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta del 20 de diciembre de 2022 para el "aplazamiento y fraccionamiento" del reintegro de los importes de ayudas recibidas entre los años 2008 y 2018, para lo cual el sindicato está abonando una cantidad fija mensual, y a la espera de las resoluciones que en cada caso adopte la jurisdicción Contencioso-administrativa, encargada de revisar los reintegros de esas ayudas.

José María Calero ha defendido que ese acuerdo con la Junta supone la "satisfacción extraprocesal de las pretensiones" de las acusaciones en este juicio -en el que se investigan subvenciones concedidas entre 2009 y 2013- y la "pérdida sobrevenida del objeto" del mismo en relación con el sindicato porque, según ha subrayado, "lo que pide la Junta ya lo tiene y lo está cobrando mes a mes". 

El letrado ha indicado que la razón de ser de ese acuerdo con la Administración consiste en que la UGT-A estaba "abocada a la extinción, a entrar en concurso de acreedores si no llegaba a un acuerdo", y por su parte la Junta se "aseguraba el reintegro de los fondos públicos" y evitaba su vez el "colapso" de la organización sindical.

Ese acuerdo, que el letrado cifra en cerca de "70 millones de euros", incluye según la defensa los 40 millones que se reclaman en este proceso, y es la consecuencia, según ha dicho, de "criminalizar" una cuestión que es estrictamente administrativa, por lo que ha insistido en que la Junta desista de la reclamación en esta vista, apuntando incluso la posibilidad de que hubiese una condena en costas sobre esos 40 millones, unas costas que "también son fondos públicos", ha señalado.

Por su parte, el abogado de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía ha defendido que el acuerdo alcanzado con el sindicato "para nada impide" que se mantenga la acción civil y la reclamación de los 40 millones porque, según ha recordado, este proceso se dirime en la vía penal y no en la jurisdicción Contencioso-administrativa. "Aquí se investiga un fraude derivado de un uso fraudulento para vulnerar las normas del derecho de subvenciones", ha afirmado el letrado de los servicios jurídicos de la Administración, que ha añadido que el acuerdo establece que cuando haya una resolución final de reintegro habrá que pagar y con un fraccionamiento pero todavía "no se han pagado los 40 millones".

Cuestión distinta, ha agregado, es que luego haya que hacer un reajuste con respecto a lo que se haya abonado, por lo que ha exclamado que la acusación de la Junta "en ningún momento va a renunciar a la acción civil".

El fiscal: "siguen sin querer pagar"

El fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción Fernando Soto ha asegurado que el Ministerio Público no va a retirar la petición de responsabilidad civil subsidiaria a la UGT-A y en este sentido señaló que si la Junta renunciaba ahora, como había hecho en otras ocasiones a exigir la devolución, habría que preguntarse "qué hace la Junta perdonando dinero malversado".

El delegado de Anticorrupción ha asegurado con respecto al acuerdo que el sindicato "sigue sin querer pagar porque lo está peleando en la jurisdicción contenciosa", en alusión a la referencia de la defensa de que el abono estaba supeditado a que las cantidades pasen "por el filtro" de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

Por último, el fiscal ha defendido que se reclame el reintegro de la totalidad de un expediente de subvención en los que se ha detectado el fraude, aunque éste no afecte a la globalidad del expediente, porque entiende que cuando se han producido irregularidades en parte de los fondos públicos concedidos en ese supuesto corresponde el reintegro total de la ayuda.

Aplazamiento del pago en 25 años 

En un escrito remitido por la defensa de UGT-A a la Sala se especifica que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por Acuerdo de 20 de diciembre de 2022 ha autorizado el aplazamiento en veinticinco años y el fraccionamiento de pago de las deudas de UGT-A derivadas de las liquidaciones correspondientes a los expedientes de las subvenciones recibidas entre los años 2008 y 2018, en 99 cuotas, que comenzaron a abonarse el 5 de abril de 2023 y terminarán el 5 de octubre de 2047.