La necesidad de modernización en la Administración de Justicia es algo que la pandemia no ha hecho más que agudizar. A la difícil situación de retrasos en los asuntos judiciales que arrastraban los órganos judiciales se ha sumado la paralización en la práctica, aunque no en teoría, de numerosos asuntos por el confinamiento y el previsible aumento de la tasa de litigiosidad, sobre todo en los juzgados de lo Social y los de Familia, como consecuencia de las circunstancias originadas por la pandemia. El pasado mes de octubre había juicios señalados para 2023 con cuestiones tan importantes como la sanción disciplinaria a un trabajador con suspensión de empleo y sueldo o asuntos sobre despido señalados para 2024.

Tras una primera fase del Plan de Choque de Justicia, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local la puesta en marcha de la segunda fase del conocido como Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia. Este programa tiene una duración de 23 semanas y se aplicará entre marzo y junio y de septiembre a noviembre. El plan contempla medidas de autorrefuerzo en 302 órganos judiciales andaluces. Esta segunda fase, con una inversión de 7,6 millones de euros, amplía la cobertura de la primera, ya que incluye también a la Fiscalía a y casi un centenar de juzgados Mixtos.

"La Justicia necesita realmente medios materiales, humanos y de infraestructuras para poder funcionar y desde la Junta de Andalucía estamos trabajando en un plan de refuerzo, unido además por una apuesta en las digitalización para que el ciudadano tenga un mejor servicio", afirma Juan Marín, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Según recuerda Marín, este Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia incide en facilitar medios humanos para el funcionamiento de la Justicia. "Los diferentes operadores jurídicos, que han colaborado en el plan, nos avisaron del posible colapso en los juzgados mercantiles y de lo Social, por eso preparamos un plan de choque centrado en reforzar con los propios funcionarios para revertir la tendencia a los retrasos judiciales por la acumulación de asuntos", añade.

Esta segunda fase supone la continuidad y ampliación de la primera, que se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2020 y en la que se invirtió 7,2 millones de euros, por lo que el total destinado a este Plan será de casi 15 millones de euros. El objetivo es paliar la sobrecarga jurisdiccional como consecuencia de la paralización e incremento de asuntos generado por la crisis del COVID-19. Para ello se van a implantar medidas de autorrefuerzo, mediante la prolongación de la jornada laboral de los funcionarios de Justicia, que será remunerada como servicios extraordinarios.

De esta forma, en los órganos judiciales adheridos al Plan de Choque se contará con una persona funcionaria de cada uno de los cuerpos en cada órgano judicial: Gestión, Tramitación y Auxilio (3 funcionarios), tres tardes a la semana (lunes, martes y jueves).

Juan Marín ha destacado el importante compromiso de los funcionarios. "El plan tiene carácter voluntario, pero en algunos juzgados se han tenido que hacer turnos porque se han apuntado muchos. Realmente tienen pasión por su trabajo y el buen resultado del programa es voluntad de todos", añade.

El turno del CGPJ

Juan Marín considera que, una vez que los funcionarios están adelantando el trabajo puesto que durante la primera fase del plan se ha constatado el adelanto en las ejecutorias y las incoaciones de demandas, es necesario que el Consejo General del Poder Judicial nombre nuevos jueces en Andalucía. El plan de choque está consiguiendo desastacar el trabajo administrativo y burocrático en los juzgados, pero al no aumentar el número de jueces, se produce "un cuello de botella" a la hora de concluir los asuntos.  

"Si el CGPJ acompaña, Andalucía podrá tener las resoluciones judiciales en un tiempo razonable. Los ciudadanos necesitan una Justicia rápida y eficaz", añade. 

Fiscalía y Mixtos

Además de en las jurisdicciones de lo Social y Mercantil, como recomendó el Ministerio de Justicia, esta nueva fase del plan también va a dar cobertura a la Fiscalía y a casi un centenar (99) juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que también se han visto afectados por las consecuencias de esta crisis sanitaria. "La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, nos pidió un esfuerzo para que incorporaramos el Ministerio Público al plan. El año pasado se incorporó personal en las Delegaciones Provinciales y esto es un paso más", explica Marín.

Esta segunda fase tendrá una duración de 23 semanas comprendidas entre los meses de marzo a junio y de septiembre a noviembre, dejando fuera los meses de julio y agosto al coincidir con periodo de vacaciones. El coste de esta actuación es de algo más de 7,6 millones de euros (7.683.663,03€).

En total, se beneficiarán de esta medida 302 órganos judiciales de toda Andalucía, es decir, 118 centros más que el Plan 2020, en el que fueron 184. Al tratarse de un plan vivo, según la Consejería, se analizarán sus efectos de forma periódica y se adoptarán las modificaciones que se entiendan necesarias para adaptarlo a las necesidades reales conforme se vaya implantando.

La primera fase del plan ha sido valorada de forma positiva tanto por la Mesa de la Administración de Justicia, se ha valorado muy positivamente la primera fase del Plan. Según la Consejería se consiguió normalizar y reducir la pendencia en la gran mayoría de los órganos judiciales incluidos en el mismo. "Unos resultados logrados por la amplia y buena acogida que ha tenido entre el personal funcionario", aseguran desde la Consejería.

Además de esta medida, también se mantendrán todos los refuerzos nombrados en la actualidad tanto ordinarios como los que fueron designados para los órganos con competencia en Violencia de Género con los fondos del Pacto de Estado.

Reparto por provincias

En Almería, las medidas de refuerzo se mantienen en 11 juzgados y en las secciones de Penales de la Audiencia Provincial y se implantan en otros nueve juzgados más de la provincia (en Berja, Roquetas de Mar, Huercal Overa y Vera) además de en la Fiscalía provincial. Por otro lado, Cádiz mantiene las medidas en 24 juzgados y la Sección Séptima con sede en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz. Además se implanta en 18 juzgados más (en San Roque, la Línea, San Fernando, Barbate Puerto Real y Chiclana) y en las Fiscalías provinciales de Cádiz y de las áreas de Algeciras y Jerez de la Frontera. 

El Plan de Choque se mantiene en 12 juzgados de Córdoba, en el Registro Civil y la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Con la nueva fase se implanta en 15juzgados más  de Montoro, Posadas, Lucena, Montilla y Peñarroya-Pueblonuevo) además de en la Fiscalía Provincial. 

El programa continúa en 15 juzgados y se amplía a 11 juzgados más en Motril, Loja, Baza, Guadix y Santa Fe además de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en Granada, al Registro y  la Fiscalía Provincial. En Huelva, sigue con los 15 juzgados de la primera fase y se implanta en cinco más de Ayamonte y La Palma del Condado, además de la Fiscalía Provincial de Huelva.  En la provincia de Jaén se mantienen las medidas en dos secciones de la Audiencia Provincial y en la Sección Segunda (Penal) y en 15 juzgados y se implanta ahora en cinco juzgados de Úbeda, Villacarrillo y Linares,  además de en la Sección Primera Audiencia Provincial (Civil) y la Fiscalía Provincial de Jaén.

Las cuatro secciones de la Audiencia Provincial de Málaga y los 43 juzgados seguirán con el plan anterior en esta nueva fase, Ahora se implanta además en el Registro Civil de Málaga, siempre y cuando se autorice la apertura al público en horario de tarde, en tres secciones más de la Audiencia Provincial y en 11 juzgados de Estepona, Antequera, Coín y Archidona,  además de al Servicio Común Procesal de Vélez y la Fiscalía Provincial de Málaga y Marbella. 

Por último, se mantienen las medidas en las cuatro secciones de la Audiencia Provincial de Sevilla y 33 juzgados. Ahora se sumán 25 juzgados más en Alcalá, Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Dos Hermanas, Ecija, Lora del Río, Marchena, Morón de la Frontera, Sanlúcar la Mayor, y Utrera, además de en la Fiscalía Provincial de Sevilla.