Caso Marta del Castillo La Fiscalía se opone a que Miguel Carcaño pague 20 euros

  • El Ministerio Público considera que de esta forma no va a reparar el daño, por la exigua cuantía, y que debe valorarse la postura de la familia, que se opone mientras no ayude a encontrar el cuerpo de Marta.

El asesino confeso, Miguel Carcaño. El asesino confeso, Miguel Carcaño.

El asesino confeso, Miguel Carcaño. / josé ángel garcía

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La propuesta de Miguel Carcaño de pagar 20 euros mensuales a los padres de Marta del Castillo para lograr futuros beneficios penitenciarios no prosperará. La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la Audiencia de Sevilla que rechace la propuesta del asesino confeso porque entiende que Miguel Carcaño no tiene ningún patrimonio, que con estos ínfimos pagos no se va a reparar el daño y, sobre todo, que hay que valorar los argumentos de la familia, que también se ha opuesto a esta petición del asesino confeso siempre que la misma "no vaya acompañada de una declaración que contenga datos reales y exactos que permitan encontrar el cuerpo" de su hija.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado a este periódico que la Fiscalía ha presentado un escrito ante la Sección Séptima de la Audiencia, en el que rechaza que se acepte que Carcaño pueda pagar la indemnización de 340.000 euros a la que fue condenado mediante pagos mensuales de 20 euros, lo que supondría que tardaría en abonar dicha cantidad más de 1.416 años. El Ministerio Público entiende que de esta forma y una vez confirmado que el condenado no dispone de ningún patrimonio -ya ni siquiera percibe la pensión de orfandad de 600 euros- con esta cantidad mensual no se va a reparar el daño causado, ni sería viable por la escasa cuantía de los pagos aplazados.

Pero sobre todo, la Fiscalía considera que el tribunal debe valorar también la postura planteada por la acusación particular que ejerce la familia de Marta y que ha rechazado esa propuesta si no viene acompañada de datos que permitan recuperar el cuerpo de su hija. Los padres de Marta del Castillo han calificado como una "humillación más" la propuesta del asesino confeso de su hija, Miguel Carcaño, de abonar la indemnización de 340.000 euros a razón de 20 euros mensuales, y se han opuesto a la misma mientras "no vaya acompañada de una declaración que contenga datos reales y exactos que permitan encontrar el cuerpo" de su hija.

En el escrito, la familia se opone al pago aplazado, al estimar que dicha cantidad es "meramente simbólica y supone una humillación más" para sus representados, pues haría "prácticamente incobrable la responsabilidad civil", buscando el asesino confeso con dicha petición "única y exclusivamente la concesión de beneficios penitenciarios, como reconocimiento a una falta voluntad de reparar el daño y arrepentimiento".

Carcaño, que lleva diez años encarcelado, no dispone de ningún bien inmueble ni ningún ingreso, sin contar lo que pudiera percibir por trabajos que pueda estar realizando en prisión, que supondrían unos 80 o 100 euros mensuales, cantidad además que no se percibe en metálico pero que le puede servir para hacer más llevadera su vida en prisión, para adquirir tabaco o productos del economato. Los internos tienen una cuenta de peculio, con dinero, si bien cada preso sólo puede disponer de 100 euros a la semana. De esos ingresos es de donde aportaría esos 20 euros para el pago de las indemnizaciones.

Perdió el piso y la moto no tiene valor

El asesino confeso era propietario del piso ubicado en el número 78 de la calle León XIII, donde tuvo lugar el crimen de Marta, una vivienda que fue embargada por el juzgado para hacer frente a la responsabilidad civil pero que finamente fue adjudicada en subasta al BBVA, en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria que se inició en 2009 en un juzgado de Primera Instancia de Sevilla por el impago de la hipoteca que gravaba el piso. Además, los vecinos de Carcaño le reclamaban más de 9.000 euros porque llevaba años sin pagar la cuota de la comunidad.

Cuando el instructor de la causa requirió a Miguel Carcaño para que dijera cuál era su patrimonio, el joven informó de que además de la propiedad del piso, en ese momento percibía una pensión de orfandad de casi 600 euros y era dueño de un ciclomotor. El embargo de la moto fue dejado sin efecto por la Audiencia de Sevilla "dado su ínfimo valor" -320 euros a fecha de julio de 2009- en comparación con las responsabilidades civiles pendientes de pago, por lo que este vehículo fue finalmente destruido.

Por su parte, la defensa del acusado ha enviado un escrito a la Audiencia en el que asume la propuesta de Miguel Carcaño para hacer frente a la responsabilidad, según han confirmado fuentes del caso.

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