La representación jurídica de la empresa Minorbis, que ganó el concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha pedido a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que rechace las nuevas pruebas solicitadas por las acusaciones particulares, entre ellas Ecologistas en Acción, al estimar que todas las líneas de investigación están ya "agotadas" tras cinco años de instrucción, tiempo en el que la causa ha sido archivada y reabierta en dos ocasiones por la juez Mercedes Alaya.

El abogado Juan Carlos Alférez, que también representa a los empresarios de Magtel, los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, ha presentado un escrito a la instructora en el que lamenta que a pesar de haber transcurrido cinco años de instrucción "se vuelven a solicitar, una y otra vez, más diligencias probatorias", por lo que ha pedido que se rechacen de plano la práctica de nuevas diligencias.

"Es imposible apurar y depurar más una investigación penal, todas y cada una de las líneas de investigación están agotadas, el perímetro objetivo de investigación no da más de sí y todas y cada una de las diligencias que se solicitan por las acusaciones privadas son redundantes, reiterativas, ya practicadas, y sobre todo no tienen la menor virtualidad ni habilidad como para cambiar el signo de la resolución que ultime la instrucción", precisa la defensa.

El letrado añade que el final de esta instrucción no puede ser otro que el "sobreseimiento y archivo" para sus clientes, asevera el defensor, que añade que las acusaciones "no tienen un derecho ilimitado a la prueba, su tutela judicial efectiva está más que colmada, las acusaciones no pueden dilatar más este procedimiento" porque son "perfectas conocedoras del clamoroso fracaso de sus tesis y no pueden pretender una y otra vez lo mismo, pues es evidente que por más que lo intenten el resultado siempre va a resultar reiterativo".

En esta misma línea, Minorbis acusa a las acusaciones, entre las que se incluye la empresa perdedora del concurso, Emerita, de "dilatar una y otra vez la finalización de la instrucción", algo que, según asevera, está causando un "enorme perjuicio a las partes investigadas, a las empresas convertidas al proyecto minero en sí y reflejamente, a los intereses socioeconómicos de toda una comarca, que clama sin cesar por la finalización del presente proceso judicial".

Además, la defensa analiza desde el punto de vista jurisprudencia la pertinencia y relevancia de las pruebas propuestas, y concluye que las mismas son "claramente impertinentes e innecesarias, sin la menor capacidad para aportar al proceso nada que no conste ni obre ya".