Caso Aznalcóllar

Nuevo varapalo a Emerita al descartar una juez delitos de falsedad documental

El ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, con la ex directora de Minas María José Asensio. El  ex presidente de la SEPI  Vicente Fernández, con la ex directora de Minas María José Asensio.

El ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, con la ex directora de Minas María José Asensio. / raúl caro / EFE

Un nuevo varapalo para Emerita, la empresa perdedora del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La juez de Instrucción número 13 de Sevilla, María José Moreno, ha acordado el archivo de la denuncia presentada por Emerita en la que acusaba de delitos de falsedad documental a los funcionarios de la Junta de Andalucía que formaron parte de la mesa de contratación y a dos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En el mismo auto de archivo, dictado con fecha de 23 de diciembre de 2019 y al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada archiva la denuncia por falsedad contra el que fuera secretario general de Innovación y ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, en relación con un informe emitido en agosto de 2015.

Este informe, asevera la juez, lo que "revela es la mera afirmación aceptada como lícita" por la propia Audiencia de Sevilla de que la adjudicataria del concurso fue Minorbis y que la aceptación de la adjudicación se ha realizado por la sociedad Minera Los Frailes, cuyos socios "son la licitadora Minorbis y Grupo México como integradora de la solvencia de Minorbis, por medio de una de las empresas de este grupo empresarial".

En esta denuncia, que ha sido investigada por un juzgado distinto al que instruye la causa sobre el concurso público, Emerita acusaba de falsedad a cinco de los seis miembros de la mesa de contratación, argumentando que se había producido una presunta falsedad en las declaraciones respecto al análisis realizado sobre la solvencia de la empresa Grupo México.

La instructora no considera esta cuestión relevante para la investigación porque, según recuerda, "ni siquiera la Audiencia de Sevilla cuestiona que Grupo México careciera de solvencia económica", puesto que lo que se investiga es que "en el proceso de tramitación del concurso público la dirección general de Minas se confabulase con Grupo México para obtener ésta la adjudicación, si bien apareciendo como ofertan Minorbis a modo de entidad interpuesta".

Emerita añadía que como esas afirmaciones sobre la solvencia económica se recogían en tres informes -uno elaborado por una letrada de la Junta, otro por el interventor delegado, y un tercero por la directora general de Minas, María José Asensio- estas tres personas también habían incurrido en falsedad documental, pero la juez tampoco lo considera relevante por los mismos motivos.

Y de la misma forma, la juez de Instrucción 13 de Sevilla tampoco aprecia indicios de delitos en dos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que emitieron sendos informes, uno de ellos sobre el tratamiento de aguas de los proyectos de las empresas licitadoras, pero en ambos casos concluye que la denuncia de Emerita "carece de sostén fáctico y jurídico" contra ambos funcionarios.

El auto de archivo supone un nuevo varapalo en las denuncias de la empresa perdedora del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que se une al informe conocido el pasado viernes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha tumbado el posible delito de cohecho en el concurso público. Ese informe de la Guardia Civil concluye que ni hubo ascensos ni tampoco compensaciones económicas o retributivas para los 13 funcionarios o técnicos que formaron parte de la comisión técnica y de la mesa de contratación que adjudicó el concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar a Minorbis, en detrimento de Emérita.

Más de 124.000 correos analizados

Se trata de la segunda vez que la UCO desmonta las tesis acusatorias en el caso Aznalcóllar, después de que en octubre de 2017 los investigadores no detectaran ninguna "influencia" en el concurso público tras haber rastreado 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo.

Los agentes de la Guardia Civil concluyeron entonces que "no se han detectado ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del comité técnico o de la mesa de contratación del concurso para favorecer a una u otra empresa licitante".

Con el auto de archivo de la denuncia de Emerita por presunta falsedad, son ya dos instructoras las que no han apreciado ningún delito en el concurso público de Aznalcóllar, en contra del criterio que mantiene la juez de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya, quien ha reabierto la causa ya en dos ocasiones y en la última sostuvo que había "poderosos indicios" de prevaricación.

La juez podría acordar de nuevo el archivo

Fuentes de la defensa de los investigados consultados por este periódico no descartan que la juez de Instrucción número 3, que investiga las supuestas irregularidades en el concurso, pueda acordar un nuevo archivo, el tercero, ante la rotundidad de los informes y pruebas practicadas tras la última reapertura ordenada por Mercedes Alaya. De hecho, hasta ahora la Fiscalía de Sevilla siempre ha avalado el archivo de una causa que se mantiene abierta tras cinco años de investigaciones, al estimar que los hechos denunciados no eran constitutivos de ningún delito.

En marzo de 2019, la juez de Instrucción número 3, Patricia Fernández, volvió archivar la causa abierta por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, confirmando de esta forma su anterior decisión del 6 de noviembre de 2015 de sobreseer la denuncia de Emerita, al considerar que los hechos investigados en torno al concurso para la reapertura de la explotación minera no son constitutivos de prevaricación.

Ese segundo archivo se produjo después de que la Audiencia de Sevilla ordenara la reapertura de la causa y la práctica de una serie de diligencias, y llegó además después de que la Intervención General del Estado concluyera en un informe que la Junta de Andalucía no favoreció a Minorbis en el concurso de la mina de Aznalcóllar.

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