La juez de la mina de Aznalcóllar no ve "diligencias pendientes" y pide pronunciarse a las partes

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes en Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emerita Resources España, ha emitido una providencia en la que al no apreciar "diligencias de investigación pendientes de practicar", pide a cada una de las partes que se pronuncien sobre "el curso del procedimiento" judicial.

En esta providencia, fechada el pasado 13 de marzo antes de la entrada en vigor del estado de alarma por la pandemia de Covid-19, la juez instructora Patricia Fernández Franco incorpora a la causa un escrito en el que la defensa de Juan José García Bartolomé (gerente de la sociedad de capital de riesgo Invercaria) esgrime un certificado de dicha entidad sobre "la ausencia de cambios en su situación profesional".

Sobre tal aspecto, la juez Patricia Fernández Franco considera que no resulta "necesario expedir nuevo mandamiento" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Además, une a la causa un escrito de la defensa de Vicente Cecilio Fernández Guerrero, quien fuera secretario general de Innovación de la Junta de Andalucía entre 2012 y 2016 y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), solicitando el sobreseimiento de las actuaciones respecto al mismo.

Finalmente, la juez instructora expone que "teniendo en cuenta que no existen actualmente diligencias de investigación pendientes de practicar, se acuerda conferir traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días para alegaciones sobre el curso del procedimiento", toda vez que merced a la notificación de la providencia, dicho plazo de alegaciones finalizaría este viernes, según han precisado a Europa Press fuentes del caso.

La causa judicial parte de la denuncia inicial de Emerita Resources España, que competía con México Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar.

Tras ser resuelto en 2015 el concurso en favor de la propuesta del grupo México Minorbis, Emerita Resources interpuso su demanda por la vía Penal, apreciando presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo.

La juez instructora Patricia Fernández Franco ha archivado en dos ocasiones las diligencias incoadas tras la denuncia inicial de Emerita Resources España, pero en ambas ocasiones la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.

En un reciente informe de la UCO, los investigadores de la Guardia Civil consideran que, una vez analizada toda la documentación, no se puede determinar "la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva" para los funcionarios o técnicos que formaron parte de la mesa de contratación constituida por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina allá por 2015.