El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández ha pedido a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que archive las actuaciones contra él en la causa por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, al asegurar que no tuvo ninguna participación en el proceso ni se ha acreditado que haya cometido delitos de prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.

La defensa de Vicente Fernández, que ejerce el abogado Alfonso Martínez Escribano, ha presentado un escrito en el juzgado, al que tuvo acceso este periódico, en el que reclama el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, por cuanto el entonces secretario general de Innovación "no tuvo participación alguna en la fase primera del concurso", donde se determinó quienes eran las empresas licitadoras admitidas, ni en la preparación, deliberación o aprobación del concurso, "como tampoco tuvo comunicación o relación alguna con los miembros de la mesa, ni les hizo indicación, sugerencia o manifestación alguna respecto al sentido de su decisión".

En este sentido, alega que la mayoría de los investigados –miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica– han declarado que ni siquiera conocían a Vicente Fernández y los que pudieran conocerlo "no han tenido más relación que la profesional, sin que en ningún caso hayan recibido sugerencia, indicación, recomendación o ruego respecto del concurso minero".

El ex secretario general no realizó indicaciones a los funcionarios y técnicos del concurso

También alega que no participó en la segunda fase del concurso y no conocía ni intervino en la valoración de la solvencia de las empresas que participaron en el concurso. La defensa descarta igualmente un delito de tráfico de influencias por la buena relación que pudiera tener con los hermanos López Magdaleno (Magtel) –que participaba en Minorbis, la empresa ganadora– según los correos electrónicos que se intercambiaron. "Nada de ello ha quedado corroborado por prueba o indicio alguno, directo ni indirecto. Antes al contrario, lo probado en las actuaciones que Vicente Fernández, en su cargo, adoptó medidas perjudiciales a los intereses de Magtel", a la que se rechazaron en su etapa ayudas para tres proyectos de financiación.

La defensa niega otros posibles delitos de cohecho o malversación de caudales públicos. Sobre el primero, recuerda el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que rechaza este delito por los posibles ascensos de las personas relacionadas con el concurso. Así, recuerda que en 2012, Vicente Fernández fue nombrado interventor general de la Junta, "con el mismo rango y retribución que el anterior puesto que ocupaba de secretario general de Innovación, Industria y Energía". Ambos puestos tienen el mismo nivel orgánico, equivalente al de viceconsejero, y posteriormente fue designado en 2018 presidente de la SEPI por el consejo de Ministros, por lo que "no existe conexión alguna con los hechos investigados".

"La calificación del cargo no impide afirmar que uno y otros son completamente ajenos y extraños a los hechos enjuiciados, desvinculados temporal y funcionalmente de forma absoluta", asevera la defensa, que concluye que entender lo contrario sería una "insinuación calumniosa contra los autores de tales nombramientos, lo que parece inadmisible".