El presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Sevilla, Javier Navarro, ha afirmado que “los socialistas no están por encima de la Justicia y el caso de la Moneda Ossetana sigue su curso, clarificándose esta historia de corruptelas que ha tenido al pueblo de San Juan en el candelero.”

Desde la acusación que ejerce Vox se ha indicado que “están como investigados tanto el alcalde como el resto de miembros del gobierno local de San Juan de Aznalfarache desde el año 2014 hasta el año 2020 por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en el marco del programa “Moneda Ossetana”, una moneda virtual paralela que creó el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en teoría para beneficiar a una serie de comerciantes y de familias. No obstante, lo que se investiga es si esas ayudas llegaron a esos comerciantes y a esas familias y si llegaron por los procedimientos legales".

Por ello, prosigue, "se está investigando si la ONG Asamblea por la Paz y el entonces gobierno local de San Juan (PSOE) también malversaron caudales públicos. Porque ese dinero no se habría quedado totalmente en el bolsillo de los supuestos beneficiarios, sino en miembros de la ONG o de los políticos.”

Por su parte, el responsable de Acción Judicial de VOX Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, ha informado que el pasado 23 de mayo fueron "citados a declarar como testigos en el procedimiento de la Moneda Ossetana el vicesecretario del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y las dos técnicos de desarrollo local de dicho consistorio, así como tres de los comerciantes que intermediaban en el tema de la Moneda Ossetana. Estaban citados los otros tres habilitados del Ayuntamiento de San Juan, pero ya no están trabajando allí y se les ha citado nuevamente.”

Algunos de los comerciantes habrían manifestado que las facturas que presentaban mensualmente a la ONG Asamblea por la Paz no estaban suscritas por ellos, sino que habrían sido modificados o falsificadas por la propia ONG, como así lo asevera el informe de la Guardia Civil (Unidad de Delitos Económicos). No se especificaba el género que a través de la Moneda Ossetana se daba a las familias beneficiadas, esto es, cuántos kilos de carne o de pescado. Además, a fin de mes, la ONG transfería el dinero con facturas genéricas, sin concretar ni especificar en qué se gastaba. De hecho, la Guardia Civil advierte que la aparición de 1.514 kilos de carne en una factura no se corresponde con la realidad.

Desde Vox han señalado que todo apunta a que fue la concejal María José Quesada Pérez la persona que se puso en contacto con los comerciantes para ofrecerles la posibilidad de participar en el programa de la Moneda Ossetana. No obstante, los comerciantes no habrían podido aclarar si había un contrato para la prestación de este servicio ni con el Ayuntamiento ni con la ONG; se llevó todo en plan informal. No firmaron ningún documento sobre Protección de Datos, pudiendo acceder a una app en la que supuestamente justificaban las ventas a los beneficiarios de la Moneda Ossetana, en teoría familias en situación de vulnerabilidad.

Rodríguez Galisteo ha recordado que “era la ONG Asamblea por la Paz quien pagaba a los comerciantes; ONG que era tanto beneficiaria de la subvención como entidad colaboradora, lo cual motivó un informe de las técnicos de Desarrollo Local. Y una entidad no puede ser la que gestiona la subvención y la que la percibe. Y por si fuera poco, resulta que estas ayudas se otorgaron sin los procedimientos legales establecidos, vulnerando los principios de concurrencia competitiva, para que otras asociaciones hubieran podido concurrir y tramitar la Moneda Ossetana. Se adjudicó a dedo a la mencionada ONG.”

Javier Navarro ha señalado que “una de las muchas cosas que llaman la atención de este caso es que el gobierno local socialista no hizo caso de las advertencias legales de los técnicos municipales. No había expediente administrativo que regulase estas ayudas; tampoco había ordenanzas ni procedimiento específico para regular las subvenciones. Y es algo a lo que el PSOE nos tiene tristemente acostumbrados.”

Rodríguez Galisteo ha agregado que estamos ante un caso donde no había existencia de expediente administrativo que regularse el sistema de ayudas, hubo incremento de gastos de reconocimiento de obligaciones y reconocimiento de subvenciones no justificado. Además, el control económico de la subvención escapaba al control del Ayuntamiento, sólo lo tenía la ONG.

Por último, el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox ha afirmado que van "a luchar en todos los frentes y tenemos claro que no van a dejar pasar ni una. Tanto San Juan en particular como nuestra provincia en general merecen saber la verdad y que haya transparencia. Confiamos en las instituciones y en esa línea vamos a seguir trabajando, siempre respetuosos con la ley y el orden. Y se nos va a oír en Sevilla como se nos va a oír en el resto de España y en Europa".