Caso de los ERE

Vilaplana imputa a cinco ex altos cargos por las ayudas de 54 millones para el ERE de Boliden

  • Considera investigados a Manuel Recio, Antonio Ávila, Justo Mañas, Luis Nieto y Daniel Alberto Rivera

Una manifestación de los trabajadores de Boliden en el años 2001 exigiendo una solución para los 425 mineros. Una manifestación de los trabajadores de Boliden en el años 2001 exigiendo una solución para los 425 mineros.

Una manifestación de los trabajadores de Boliden en el años 2001 exigiendo una solución para los 425 mineros. / D. S.

Cinco ex altos cargos de la Junta imputados por las ayudas para el ERE de 425 mineros de la multinacional Boliden Apirsa. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha imputado en esta causa, una de las piezas de la macrocausa de los ERE en la que se investigan las ayudas por importe de 54,2 millones, a cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que hay dos ex consejeros, dos ex viceconsejeros y un director general de Trabajo.

En un auto dictado el pasado 7 de octubre, el juez Vilaplana ha ampliado los hechos e investigados de esta pieza de los ERE, en las que considera como investigados al ex consejero de Empleo Manuel Recio, al ex consejero de Economía Antonio Ávila, a los ex viceconsejeros de estas consejerías, Justo Mañas y Luis Nieto, respectivamente, así como al ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera.

En el auto, Vilaplana argumenta que a estos ex altos cargos no les afecta el principio non bis in ídem, porque aunque no fueron enjuiciados en la pieza del "procedimiento específico" sí aparecían en la instrucción de la causa matriz de los ERE -las diligencias 174/2011-, y en cualquier caso señala que hay indicios "solventes y suficientes" de que parte de las ayudas abonadas para las prejubilaciones de los 425 mineros de Boliden "no habrían sido acordadas y abonadas dentro del periodo de imputación en la causa del procedimiento específico por el correspondiente director general de Trabajo de la consejería de Empleo -en concierto con el correspondiente, a su vez, director general de IFA/IDEA-, con cargo a la partida 31L"

Así, el juez señala que parte de las ayudas (690.000 euros) se realizaron con fondos propios de la agencia IDEA, a través de la partida "otros gastos de gestión corriente" efectuados en el año 2010, mientras que otros 450.759 euros salieron de la Consejería de Medio Ambiente. Estos extremos, según el juez, "justifican la llamada al proceso de los presuntos partícipes en la operativa ilícita investigada, incluidos aquellos que han sido encausados y sometidos a enjuiciamiento" en la causa del "procedimiento específico" de los ERE. 

El instructor añade que es "procedente" la imputación de estos cinco ex altos cargos "teniendo en cuenta que la financiación de estas ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con cargo a fondos propios de la agencia IDEA -por tanto, de la Consejeria de adscripción (Economía, Innovación y Ciencia)-, podría obedecer a un acuerdo entre los responsables de ambas consejerías; acuerdo manifiestamente irregular en cuanto un organismo como la dirección general de Trabajo y Seguridad Social no podría conceder ayudas ni emitir órdenes de pago con cargo a partidas presupuestarias que no le corresponden".

En el auto, Vilaplana recuerda que el objeto de esta causa es la "presunta ilicitud de las ayudas que, por parte de la dirección general de Trabajo, se habrían concedido -de manera injusta y arbitraria- a la entidad Boliden Apirsa, por importe, al menos, de 54.279.986,16 euros", de los cuales 52,5 millones fueron concedidos mediante una ayuda para los trabajadores afectados por el ERE 3/2001 mediante la financiación de una póliza de seguro colectivo de rentas suscrita por los sindicatos CCOO y UGT, mientras que los 1,7 millones restantes fue otra ayuda para un suplemento a la póliza anterior.

El juez recuerda que la multinacional sueco-canadienses se hallaba en esos momentos "en suspensión de pagos", decretado por un juzgado el 3 de octubre de 2000, y las ayuda "carecían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observar los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad; concediéndose con cargo a un concepto presupuestario inadecuado, las transferencias de financiación a IFA-IDEA". 

Las ayudas fueron concedidas "sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos; siendo así que por parte de la Consejeria de Empleo de la Junta no se habría realizado ningún seguimiento sobre la aplicación y destino de las ayudas concedidas", añade.

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