El undécimo juicio de los ERE, relativo a las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Surcolor, se ha reanudado este lunes sin la presencia de ninguno de los tres ex altos cargos cuya exclusión de la causa fue rechazada la semana pasada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez (los dos primeros en la cárcel por su condena en la pieza del procedimiento específico) no sólo no han acudido a la sala, más que nada porque no estaban obligados, sino que ya han anticipado que no declararán. Así se han pronunciado sus abogados, que además han expresado su protesta por la decisión del tribunal de mantenerlos como acusados, en contra incluso del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

La Sección Tercera dictó la semana pasada un auto en el que rechazaba la cuestión previa planteada por Anticorrupción para que estos tres ex altos cargos no fuesen enjuiciados en esta pieza separada. Según el Ministerio Público, si lo son se vulneraría el principio non bis in idem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.

En el auto notificado el pasado viernes, la Audiencia recordaba el criterio de la Fiscalía y de las tres defensas, según el cual en la pieza separada del procedimiento específico ya se conocieron todas y cada una de las ayudas conforme al plan desarrollado para todas ellas. La Sala, sin embargo, discrepa y mantiene el criterio ya expresado en las sentencias dictadas en las piezas separadas de Acyco y a Nerva Croissant.

A su juicio, las ayudas individuales “no fueron el objeto de enjuiciamiento en el procedimiento específico ni se presentó acusación por tal cosa”. El objeto de enjuiciamiento de esta última pieza, de hecho, “fue el montaje y desenvolvimiento del sistema que hizo posible el sacomano de fondos públicos mediante la concesión falaz de esas concretas ayudas”.

En la reanudación de la vista oral del caso Surcolor, los tres letrados han anunciado que renuncian a todas las pruebas que propusieron en sus escritos de defensa "porque no tienen sentido", según ha apostillado el representante de Barberá, que quizás ha sido el más tajante. "Esta parte no participará en ningún interrogatorio y su participación será pasiva", ha indicado. El de Fernández, por su parte, también ha comunicado que se ausentará de todas las sesiones excepto cuando a su cliente le toque comparecer y cuando se expongan los informes definitivos. Los tres ex altos cargos, por tanto, se acogerán a su derecho a no declarar cuando sea su turno, el próximo lunes 18.

La Sala rechaza la renuncia de una defensa

El juicio no se ha retomado con normalidad, todo sea dicho. Es más, la abogada de uno de los acusados ha estado a punto de forzar su suspensión porque ha solicitado renunciar a la defensa de su cliente basándose en que el caso le llegó vía turno de oficio el 4 de julio, apenas una semana antes de que comenzase la vista oral, y no había tenido tiempo de prepararlo. Así, presentó un escrito que fue rechazado por la Sala la semana pasada y después mandó otro, este sin respuesta. El debate se ha enconado tanto que el propio letrado jefe del Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) se ha personado en la Audiencia para explicarle a su compañera que este expediente seguía abierto y que por tanto debía representar al encausado.

Ya en la sala de vistas, el magistrado presidente se ha pronunciado en el mismo sentido. "El viernes ya fue suficientemente expresivo este tribunal respecto a las razones por las que rechazaba su petición. Que el cliente designe a otro letrado no impide que usted siga defendiéndolo mientras tanto. El letrado jefe del ICAS nos ha asegurado que el expediente de Justicia Gratuita no está resuelto, así que no puede decaer su nombramiento. Usted continuará hasta tanto no se designe a un nuevo letrado", le ha espetado.

Tras oír estas explicaciones, la abogada ha instado al tribunal a dejar que fuese el acusado quien dijese que renunciaba a ella. Ante la negativa de los jueces, ella ha amenazado incluso con salir de la sala, ya que aseguraba que se estaba vulnerando el derecho de defensa del acusado. En todo caso, los magistrados han hecho caso omiso de ese comentario y han dado por inaugurada la ronda de declaraciones.

En esta primera jornada ha comparecido el responsable de Surcolor, Antonio Bustamante, que ha acudido a la Audiencia pese a estar gravemente enfermo. En todo caso, se ha acogido a su derecho a no declarar. Sí lo ha hecho otro directivo de la empresa, Manuel Castilla, que sólo ha respondido al fiscal y a su propio abogado. Según este procesado, el considerado conseguidor de las ayudas Juan Lanzas, exsindicalista de UGT y también acusado en esta pieza, le "explicó" el mecanismo de los ERE refiriendo que había "unas ayudas para empresas en crisis". Lanzas se le presentó "como un miembro del despacho de abogados Villasís" y le dijo que "tenía experiencia en la gestión" de ERE en Andalucía. De hecho, ofrecía el procedimiento "como un paquete" completo, con la financiación de la Junta.

Otro acusado, José Antonio Márquez, ha explicado que era electricista del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y que Antonio Rivas, delegado de Empleo en aquella época y también en el banquillo por las ayudas a Surcolor, era el marido de su cuñada.

"Yo llevaba dos años parado, estaba desesperado y un cuñado habló con otra persona que le contó que había unas ayudas de la Junta", ha rememorado. "Me dijeron que era como el paro, como una subvención para mantenerse", ha asegurado. Así que acudió a una sede de la Administración "en el Cerro del Águila", quizás la propia Consejería de Empleo, junto con el ya fallecido José Antonio García Prieto, exconcejal de Camas y exsecretario de Política Municipal del PSOE, y Juan Manuel López Espada, militante del PSOE y casado con una edil socialista del Ayuntamiento camero.

Fue este último hombre quien, según el acusado, negoció con la Consejería para conseguir su "subvención". Después fue varias veces más a la Consejería, pero ha garantizado que "nunca" conoció al entonces director general de Trabajo, el también fallecido Francisco Javier Guerrero, y que su concuñado Antonio Rivas "jamás" lo ayudó porque, a pesar de su relación familiar, se veían "poco". "A mí no me gusta la política y además nunca lo habría puesto en un compromiso de ninguna clase", ha afirmado.

Este encausado, un presunto intruso que cobró una prejubilación de Surcolor pese a que jamás nunca trabajó en esa empresa, también ha indicado que nadie le explicó el mecanismo a través del cual cobró 6.380 euros de golpe en concepto de "atrasos" y, a partir de ahí, 1.276 euros al mes. "Ni conozco Surcolor  ni sé qué es un ERE. No soy analfabeto, pero medio...", ha respondido.