El juzgado de instrucción 15 de Sevilla ha archivado otra de las denuncias intercambiadas entre la actual Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos y la anterior. En este caso, la juez reprocha a la actual decana, Cristina Murillo, haber interpuesto la querella “por animadversión” hacia su antecesor y por “motivos espurios” para “obtener una ventaja en el juicio social que tienen pendiente” contra uno de los denunciados, José María P.G., que fue director técnico del colegio entre 2009 y 2017.

Además fueron denunciados Ángel Díaz del Río, decano entre 2011 y 2017, los secretarios en dos periodos (2007-2010 y 2011-2017) y el ex tesorero. 

En esta ocasión, las supuestas irregularidades se referían a una serie de incidencias en el servidor informático colegial así como un deficitario funcionamiento de la red informática, con problemas de seguridad.

La juez, en un auto al que tuvo acceso este periódico, afirma que los investigados “ofrecieron cumplidas explicaciones respecto de cada uno de los hechos objeto de denuncia” y “no ha resultado acreditado que ningún empleado recibiese órdenes para falsificar documento alguno“.

“Evidente animadversión” entre las directivas profesionales

Además, existía “un registro tradicional, en papel con sello, prevalente sobre el informático”. Es cierto que éste último era obsoleto y sin garantías de seguridad pero “no consta que un documento concreto haya sido alterado ni cual era su contenido", ni “existe evidencia alguna de que hayan alterado intencionadamente documento alguno”.

Lo que sí está demostrado es que “existe una evidente animadversión entre la nueva Junta de Gobierno y la anterior, siendo múltiples las denuncias y querellas formuladas por ambas partes, habiendo incluso correspondido el conocimiento de varias de ellas este juzgado”.

Murillo fue elegida decana en 2017 y reelegida en 2020, si bien las elecciones deberán repetirse por orden judicial. Denunció ante la juez que había registros en los que se había cambiado la fecha en que se presentaron, documentos que se habían eliminado del registro, la utilización de registros en blanco que se rellenaban posteriormente, que se habían manipulado los libros de actas y que faltaba documentación de los procedimientos judiciales del colegio en trámite.

“No es posible determinar qué documentos son veraces y responden a la realidad y qué documentos han sido manipulados durante 16 años”, aseguró entonces.