La juez de instrucción 17 de Sevilla ha archivado la totalidad de los delitos societarios, de  organización criminal, de administración desleal y falsedad por los que la decana del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo, denunció a su antecesor en el cargo, Ángel Díaz del Río, y otros siete miembros de su directiva. 

Murillo denunció que Díaz del Río, tras perder las elecciones colegiales en mayo de 2017, había llevado a cabo una serie de nombramientos de patronos en la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Arquitectura (FIDAS) para controlarlo “al margen de los intereses sociales”.

El auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso este periódico,  afirma que  “ni siquiera indiciariamente” se han demostrado las irregularidades.  “No se ha adoptado por parte del patronato ningún acuerdo que perjudique a la fundación y beneficie de forma particular a los patronos”, dice el auto. 

Sobre la renovación de un patrono en junio de 2017, cuando le quedaban nueve meses para la finalización de su mandato, la juez afirma que obedeció a que era el encargado de la Semana de la Arquitectura que se celebra todos los años en octubre y que después se prolonga varios meses hasta el cierre de la actividad. Además era una forma de proceder que se había llevado a cabo en ocasiones anteriores, renovando en el cargo a patronos antes de la expiración de los tres años de mandato.

Por tanto, fue una decisión de Díaz del Río que obedecía al “interés de la fundación” y no pretendía “obtener la mayoría de 2/3 para así asegurarse el nombramiento de patronos electivos”. 

Murillo y Díaz del Río, que fue decano durante 16 años, se han denunciado mutuamente ante los tribunales. La actual decana y dos miembros de su Junta Directiva están citados como investigados en otro juzgado el 12 de marzo, denunciados por dos patronos próximos a  Díaz del  Río, por una presunta imposición de acuerdos sociales lesivos.

Sobre el delito de falsedad documental en las actas del patronato de FIDAS, el auto de sobreseimiento describe la operativa de funcionamiento de ese órgano y concluye que “no se han encontrado indicios de manipulación o alteración de elementos o datos esenciales de ningún acta del patronato”.

“En relación con el presunto delito de administración desleal por abuso de funciones del presidente del patronato, señor Díaz del Río, la denunciante realiza un relato sobre la base de conjeturas o suposiciones pero sin una base documental indiciaria de la eventual o posible comisión de dicho delito por parte de los investigados, lo que resulta manifiestamente insuficiente para continuar con la investigación”, reza el auto.

En ese caso se estaría intentando una “investigación prospectiva”, que la juez rechaza por tratarse de “hechos meramente sospechosos” sin “aportar un indicio objetivo de su realidad”. Lo mismo cabe decir del delito de organización criminal denunciado.

Tampoco se ha acreditado -concluye la juez- un posible desvío ilícito de las aportaciones económicas de 860.202 euros entre 2004 y 2008 hechas por el Colegio de Arquitectos a FIDAS para las obras en su sede de la Isla de la Cartuja. En cuanto a la modificación de los Estatutos en diciembre de 2004, que presuntamente no se había sometido a votación en la asamblea del colegio profesional, la decana “debió denunciarlo en la jurisdicción civil o mercantil, lo que no consta que se haya efectuado”.