Se intentó pero no hubo acuerdo. Veinte militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) estaban citados este jueves en el juzgado para intentar una conformidad por la “expropiación” de un supermercado en Écija pero finalmente el juicio se celebrará y quedó fijado para el 12 y 13 de febrero de 2020.

Fuentes del caso informaron a los periodistas de que el sindicato está dispuesto a pagar la responsabilidad civil que le reclaman: 1.500 euros de indemnización a los tres trabajadores del supermercado Mercadona que resultaron lesionados y otros 1.400 euros por el importe de los productos sustraídos.

El portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, encabezó la concentración de un centenar de sindicalistas a las puertas de los juzgados. Allí insistió en que lo ocurrido no fue un robo violento sino una expropiación simbólica de productos de primera necesidad.

Lo hicieron “para que le diera vergüenza al gobierno” en un momento -agosto de 2012- en que Andalucía afrontaba "los golpes más duros de la crisis capitalista con 400.000 familias en situación precaria y un millón y medio de personas en paro”. “Queríamos que la opinión pública conociera que el hambre estaba llamando a la puerta de una de las regiones más ricas de Europa”.

Cañamero insistió en que el Mercadona de Écija y el Carrefour de Arcos de la Frontera (Cádiz) “fueron elegidos al azar, no era una acción contra ellos”. Por eso se lamentó de que Carrefour no haya acusado en Cádiz y negociase con ellos el reparto de los productos sustraídos a los Servicios Sociales de tres Ayuntamientos y sin embargo Mercadona esté personada en Sevilla como acusación particular.

“Aquí solo hay un intento político de desprestigiar al sindicato y su lucha”, según Cañamero. Se declaró dispuesto a negociar una conformidad, aunque el sindicato “nunca va a aceptar llamarlo robo con violencia”.

Sin embargo, fuentes del caso indicaron que antes de la nueva fecha de juicio en febrero se van a reunir con la Fiscalía y el abogado de Mercadona para negociar una rebaja de sus peticiones de condena, situadas en un año y medio de cárcel para cada procesado.

El sindicato quiere pagar la responsabilidad civil porque “no desea causar daño a los trabajadores afectados”, según fuentes de su defensa. Ello les permitiría acogerse a una atenuante de reparación del daño. 

La situación es particularmente delicada para dos de los enjuiciados: Francisco Molero, que cumple una condena de cinco años de prisión por la protesta “Rodea el Congreso” de 2013, y Andrés Bódalo, que tiene antecedentes por agredir a un concejal del PSOE en Jódar.