Seiscientas profesoras de universidad y profesionales relacionadas con la atención a prostitutas han lanzado un nuevo manifiesto en el que denuncian las  “presiones, escraches, pintadas, boicoteos, insultos y violencia” de que han sido objeto las prostitutas y llaman a la unidad de las feministas, sean abolicionistas o pro-derechos.

El movimiento  #UniversidadSinCensura está impulsado, entre otras, por profesoras de la Facultad de Derecho de Sevilla y en la actualidad aglutina ya a 22 universidades españolas. Se puso en marcha en septiembre pasado, tras la suspensión de un acto en A Coruña por presiones de colectivos abolicionistas.

En su último comunicado, afirman que “la presión que se inició en la universidad de A Coruña no sólo continúa, sino que se extiende y aumenta en gravedad, tanto a nivel virtual como en directo”. Se están dando “escraches, pintadas, boicoteos, provocaciones e insultos calumniosos hacia quienes participan, organizan o acogen iniciativas y debates universitarios sobre trabajo sexual, llevando la peor parte quienes hablan en primera persona, es decir, las prostitutas”.

“Resulta muy preocupante, además de triste y lamentable que, en un momento de auge neofascista, las feministas no sólo dividamos nuestras fuerzas, sino que, por acción u omisión, contribuyamos a silenciar voces de mujeres que quieren ser escuchadas para pedir derechos”.

Por ello, piden a las “feministas de todos los ámbitos, seamos abolicionistas, pro-derechos o, incluso, quienes no lo tienen claro”, que luchen por lo que les une y que no se impida "el debate que nos ha caracterizado secularmente”. 

 Ese feminismo que les une es “el que combate la violencia contra todas las mujeres”, sin dejar de lado a las que ejercen la prostitución, “especialmente estigmatizadas y discriminadas”.

El manifiesto está firmado por 600 personas, en su mayor parte profesoras universitarias pero también trabajadoras sociales y psicólogas que atienden a prostitutas.

Quiere “desactivar la violencia, tanto virtual como directa, que se está ejerciendo contra quienes organizan o participan en los debates, quienes defienden posturas pro-derechos de las trabajadoras del sexo y contra las trabajadoras mismas”.