Declara como imputado en el caso tanatorio un miembro de la ejecutiva del PP-A

El juzgado mixto número 1 de Carmona (Sevilla), que investiga posibles delitos en el proyecto promovido para la instalación de un tanatorio privado en el polígono El Gandul de Mairena del Alcor, ha tomado este jueves declaración como investigado al que fuera apoderado de la empresa Previpaz SL y actual coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa.

Este investigado estaba citado para este jueves después de que hayan comparecido ya en la misma condición el alcalde de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López; y el presidente del PP de Sevilla, delegado del Gobierno andaluz en la provincia y antecesor de López en la Alcaldía de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez; toda vez que el juzgado achaca a los dos primeros posibles delitos de prevaricación y de tráfico de influencias y a Ricardo Sánchez presunta administración desleal.

En su comparecencia, según han informado fuentes del caso, Rodríguez Roa habría declinado responder a las preguntas planteadas por el PSOE como acusación particular y, a preguntas del juez y del fiscal principalmente sobre el atestado de la Guardia Civil sobre el asunto, habría alegado el supuesto desconocimiento de diferentes aspectos sobre la gestión del proyecto o el hecho de no recordar los detalles, agregando que era su padre quien dirigía verdaderamente las riendas de la empresa Previpaz.

Ricardo Sánchez había defendido ya que tiene "la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley" y que la denuncia del PSOE de la que deriva la causa se basa en "falsedades".

El actual alcalde, de su lado, negó que el asunto entrañe un "pelotazo urbanístico" o tráfico de influencias, mientras el PSOE viene alertando de que ha quedado de relieve que con el proyecto "se iba a hacer negocio a costa de la salud" de la ciudadanía, "porque se iba a poner un crematorio donde además luego ha reconocido a posteriori la Junta de Andalucía que afectaba a 4.000 personas".

"Se ha jugado con el dinero del pueblo para repartirlo entre amigos del PP y se ha hecho eso a costa de la salud de estos maireneros", enfatizan los socialistas, que reclaman al PP "que tome sus responsabilidades penales si las hay" y, especialmente, piden el cese de Ricardo Sánchez como delegado del Gobierno andaluz en Sevilla.

El informe de la Guardia Civil

La decisión del juez de Instrucción número 1 de Carmona (Sevilla) de imputar al presidente del PP de Sevilla y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez, y otras cinco personas por posibles delitos en relación con la construcción del nuevo tanatorio privado de Mairena de Alcor se basa en un contundente informe de 61 folios de la Guardia Civil, en el que los investigadores muestran su "extrañeza" en varios aspectos que vinculan a los denunciados, además de destacar el "excelente y exquisito" tratamiento que el Ayuntamiento dio a la empresa que construyó la morgue frente a otra mercantil que también estaba interesada. En el exhaustivo atestado policial, que el propio juez calificó de"impecable", los investigadores de la Guardia Civil también descartan que se haya producido una "especulación urbanística" con el precio de las parcelas y reprochan al PSOE, que denunció el caso, que incluyera en su denuncia datos que "no se corresponden con la realidad".

En cuanto a las relaciones entre los denunciados, el informe parte de que en principio "no es irregular, si bien la coincidencia política jerarquizada entre estas personas es evidente" porque, prosiguen, aunque "cualquier empresario o emprendedor puede desarrollar su actividad donde quiera y pueda, que un cargo importante del partido a nivel regional y a la vez apoderado de una mercantil familiar del ramo funerario que desarrolla su actividad en la provincia de Huelva termine desarrollando este proyecto en Mairena del Alcor, cuya corporación es regida por el mismo partido político y a la vez compra la parcela a otra persona que termina después en las listas de la misma opción política y a más inri ocurra con los expedientes lo aquí narrado, sí extraña". Se refiere a la Guardia Civil a Francisco Jesús Rodríguez Roa, coordinador del área de empresas en la vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva del PP-A, consejero de la RTVA y apoderado de la mercantil Previpaz.