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La defensa de Fernández denuncia la "brutal mediatización" del caso de los ERE

  • Considera que el ex consejero ha pasado de ser "sólo investigado" a un "culpable seguro ante la opinión pública"

Los abogados Rafael Alcácer y Beatriz Montaño Los abogados Rafael Alcácer y Beatriz Montaño

Los abogados Rafael Alcácer y Beatriz Montaño / Raúl Caro / EFE

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La abogada Beatriz Montaño, compañera de Alfonso Martínez del Hoyo en la defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, criticó este miércoles la "brutal mediatización" del proceso de los ERE desde sus inicios, con las irregularidades destapadas en torno a la empresa Mercasevilla, y ha precisado que este proceso ha sido retransmitido por los medios de comunicación "casi minuto a minuto".

Así, ha señalado que la inaudita prolongación del caso a lo largo del tiempo ha "agravado" el perjuicio a para su cliente, quien ha pasado de ser "sólo investigado" en la causa a ser "culpable seguro ante la opinión pública", lo que ha hecho que "la respetabilidad y el gran prestigio" que tenía "le será difícil de recuperar", recordando que el ex alto cargo está en desempleo desde marzo de 2010, sufriendo una "pena anticipada" por el "descrédito que arrastra desde su imputación en este proceso".

En este sentido, Beatriz Montaño ha insistido en los "perjuicios para la vida personal y profesional" que ha sufrido el ex consejero tras siete años y nueve meses imputado en la causa -desde el auto de 21 de febrero de 2011- y su paso por la prisión provisional entre abril y agosto del 2012, además de que ha sufrido el embargo de todos sus bienes para la devolución de las ayudas, su despido también en 2012 como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, y la situación de desempleo que arrastra desde entonces y que ha supuesto "una reducción de la base de cotización para la futura pensión".

La letrada ha añadido que su círculo familiar también fue objeto de investigación y ha añadido que por el efecto de "interiorización en la opinión pública" hay un sentimiento de que a los acusados "con toda seguridad se les va a condenar".

De otro lado, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo ha añadido que no puede sostenerse que Fernández "conociese o consintiese las decisiones del director general de Trabajo en el ejercicio de sus propias competencias", porque el ex consejero "siempre hubo de confiar y confió en la adecuación a la legalidad de la actuación" del ex director, y ha señalado que el delito de prevaricación es un delito de resultado y la supuesta "dejación de funciones" que se le atribuye al consejero no puede constituir una comisión por omisión del delito.

Las acusaciones, ha continuado, sugieren que tenía el deber de "revisar o controlar" la labor de sus subordinados, pero Antonio Fernández no tiene entre sus competencias la función de control "ni la obligación legal de actuar" porque, de lo contrario, todo superior jerárquico sería responsable de los delitos cometidos por los subordinados "por culpa in eligendo o in vigilando", y en el caso del ex consejero, ha aseverado, no existen indicios de prevaricación ni de que las irregularidades cometidas por un tercero pudieran atribuírsele como coautor o coperador necesario. "Fernández no dictó resoluciones ni conoció las entregas del dinero, ni tenía a su disposición los caudales públicos", ha agregado.

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