Los abogados defensores de los tres acusados de allanar una vivienda y amenazar a sus ocupantes supuestamente con un machete han aludido a la "mala instrucción por parte de la Policía" a la hora de investigar los hechos por los se enfrentan a cuatro años y tres meses de cárcel. Según la letrada Ana Martín, "no sólo no se recogen huellas del machete, sino que tampoco se recaban en el domicilio donde supuestamente entraron los procesados".

Asimismo, el abogado Javier Pereda, señaló las contradicciones en las que incurrió una de las víctimas, Rosario P. Durante su declaración como testigo, la mujer señaló que la denuncia había sido puesta por su entonces pareja, Juan Ramón R., sin embargo "el atestado está firmado por ella". Para el letrado, el único motivo por que Rosario P. denunció fue "para no devolver el dinero que Julián C. (su defendido) le había prestado". Según explicó al jurado, las dos víctimas "se mueven en el mundo de los estupefacientes y normalmente estas personas las armas blancas nunca las tienen en el domicilio para evitar que la policía los encuentren en los frecuentes registros. ¡Qué casualidad que ellos les indicaran a la Policía que buscaran el machete debajo de un coche!", advirtió.

La abogada defensora del tercero de los acusados, Silvia Pérez redundó en las contradicciones realizadas por Rosario P. durante su declaración ante el tribunal del jurado y recordó que ellos sí pidieron una orden de alejamiento para los tres acusados, algo que la testigo negó en la vista oral. "Ella quiere ver una sentencia condenatoria porque aún no ha pagado la deuda"

Por su parte, la fiscal se mantuvo en su petición de una pena de dos años y medio de prisión y el pago de una multa de 2.700 euros por un delito de allanamiento de morada para cada acusado, así como un año y nueve meses de cárcel y la prohibición durante cuatro años de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de las víctimas por un delito de amenaza. Según el ministerio público,los acusados entraron de modo amenazante y utilizando la intimidación puesto que las amenazas fueron reconocidas por Rosario P. durante su testimonio, quien señaló que la sentaron a la fuerza y le empezaron a amenazar con el machete mientras que le preguntaban "¿por dónde cortamos?, ¿por la cabeza o por las piernas?".

Antes de terminar la sesión, la magistrada le dio la última palabra a los acusados. Sólo uno de ellos, Julián C., hizo uso de este derecho. Claramente compungido señaló que el dinero se lo quedaran los denunciantes. "Si no quieren pagarme, que no lo hagan, pero no quiero pasar por esto".