La lentitud de la Justicia

El sevillano en huelga de hambre por un juicio tardío requiere de la asistencia del 112: "Ya empieza a pesar un poco"

Julio César Hierro, sentado en la explanada delante de la Audiencia de Sevilla.

Julio César Hierro, sentado en la explanada delante de la Audiencia de Sevilla. / D.S.

Julio César Hierro, el vecino de Gerena que empezó una huelga de hambre el pasado lunes para pedir que le adelanten un juicio sobre incapacidad fijado para febrero de 2026, tuvo que ser atendido por el 112 en la madrugada del miércoles al jueves después de que se sintiera indispuesto sobre las 5 de la mañana. “Ya empieza a pesar un poco. Empecé a quedarme con la vista nublada, se me empezó a cruzar la cabeza y me quedé un poco mareado, me vine un poco abajo”, cuenta el hombre, que además es diabético. De hecho, mejoró tras tomarse “un sobrecito de azúcar”.

“Los guardias civiles llamaron al 061 y me tomaron las constantes. Quisieron llevarme al hospital, pero les dije que no”, añade Hierro, que en su día fue jefe de mantenimiento mecánico en la mina Cobre Las Cruces y que ahora pide la incapacidad permanente total porque sufre lesiones vertebrales y un corte en el nervio ciático.

Hierro, de 47 años, no cobra ninguna ayuda porque el tribunal médico que debía aprobar su solicitud de incapacidad lo examinó en plena pandemia y consideró que estaba apto para trabajar, aunque con algunas limitaciones. “Me vieron a cuatro metros de distancia. Ni me dieron con el martillito en las rodillas”, explica. En 2016 empezó a notar problemas en la espalda. Después enlazó bajas esporádicas con otra de larga duración a partir de 2020. El diagnóstico, según el informe del hospital, era que sufría una “degeneración del disco intervertebral, lumbar o lumbosacral”.

Aun así, la Seguridad Social acordó su alta el 30 de noviembre de 2021. Contra esa decisión interpuso una demanda en abril de 2022 y el juicio por esa reclamación es el que ha sido señalado para dentro de casi tres años por el Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla. “Esto es, obligando al trabajador a permanecer en esta situación, sin poder trabajar ni percibir ingresos, un total de cuatro años y dos meses”, expone su abogado, Alejandro Bugarín, en un escrito dirigido al juzgado el pasado 9 de junio en el que solicita el "adelantamiento" y que el juicio se celebre "a la mayor brevedad posible". “En Europa, estos juicios se celebran en cuatro o cinco meses”, lamenta Julio César.

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