Contratación de una secretaria

El fiscal pide 12 años inhabilitación al ex alcalde de Villanueva José Castro por prevaricación

  • El Ministerio Público considera que contrató a una secretaria particular sin comunicárselo al Pleno y “violando las normas esenciales del procedimiento de publicidad, mérito y capacidad”

El ex alcalde de Villanueva José Castro Jaime. El ex alcalde de Villanueva José Castro Jaime.

El ex alcalde de Villanueva José Castro Jaime.

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La Fiscalía de Sevilla solicita una condena de 12 años de inhabilitación para el ex alcalde de Villanueva del Ariscal José Castro Jaime (PSOE), en relación con la contratación de una secretaria particular que se llevó a cabo sin comunicárselo al Pleno del Ayuntamiento y “violando las normas esenciales del procedimiento de publicidad, mérito y capacidad”.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor ya ha abierto juicio oral contra el ex alcalde socialista y ha remitido las actuaciones a un juzgado de lo Penal de Sevilla para su enjuiciamiento.

La Fiscalía de Sevilla recoge en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, que José Castro, que fue alcalde de Villanueva entre 1999 y 2015, contrató el mismo año en que llegó a la alcaldía a una persona para que realizara trabajos administrativos de “auxilio”. En sus siguientes mandatos, de 2003 y 2007, el regidor hizo sendos nuevos contratos de libre designación a esta persona, en este caso como “personal de confianza” y en calidad de “secretaria de alcaldía”.

Dice el Ministerio Público que este tipo de nombramientos, por su propia naturaleza, supone el “cese automático del trabajador en cuanto expira el mandato de la autoridad que lo ha designado”, de acuerdo con el artículo 104.2 de la ley reguladora de las bases de régimen local.

Tras las nuevas elecciones, en el año 2011, en las que Castro siguió como alcalde de Villanueva, la secretaria continuó trabajando “sin que en el Consistorio constase formalizado contrato alguno”.

A través de la tesorería general de la Seguridad Social se tuvo conocimiento en 2011 de que el acusado le había hecho un “contrato indefinido a tiempo completo con efectos de 1 de septiembre de 2010”, una circunstancia que no había sido comunicada al Pleno municipal ni tenía reflejo presupuestario como tal en el Ayuntamiento y que había sido realizada “violando las normas esenciales del procedimiento de publicidad, mérito y capacidad”, ya que “ningún concurso público fue convocado para ofertar la plaza de carácter indefinido”.

Además, en el expediente municipal de la trabajadora “no constaban archivados ni el contrato de junio de 2007 ni este último de 2010, por lo que su existencia y contenido pasaron inadvertidos por el personal funcionarial encargado del registro de todos los expedientes de contratación”. El INEM tampoco fue informado en su día, “ni de forma manual ni telemática”.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, por el que solicita una condena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En su declaración como investigado, José Castro reconoció que fue él quien contrató a esta persona, aunque dijo que “no se acuerda si su contrato fue elevado al Pleno o fue contratada unilateralmente” por él, aunque añadió que esta contratación “estaba prevista en los presupuestos y éstos aprobados por el Pleno”. Según el ex regidor, esta persona además de ser la secretaria del alcalde y asistir a los concejales, desempeñaba labores de “registro, intervención, secretaría, apoyo al arquitecto municipal, en las delegaciones del Ayuntamiento, cogía el teléfono y por eso se le reconoce unos derechos y se le contrata de forma indefinida”.

La trabajadora fue despedida con la llegada del nuevo alcalde, Martín Torres (PP) –que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía–, y acudió a los tribunales de Justicia para que se considerara nulo o improcedente, pero la jurisdicción Social se declaró incompetente para enjuiciar el caso de esta trabajadora y la remitió a la vía Contencioso-Administrativa.

El ex alcalde socialista de Villanueva José Castro ya fue condenado en 2017 junto a otros cuatro miembros de su equipo de gobierno a ocho años de inhabilitación por otro delito de prevaricación, por haber incumplido una sentencia que obligaba al Consistorio a restablecer una cota de terreno en una parcela sometida a un proyecto urbanístico. Esta sentencia fue confirmada después por la Audiencia de Sevilla.

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