El informe de la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que avala la actuación de la juez María Núñez Bolaños es ya definitivo. Los inspectores han elevado a definitivo este informe, después de que no se haya presentado ninguna alegación al acta levantada tras la supervisión que se hizo de las macrocausas que se instruyen en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Una vez elaborado el informe provisional, los inspectores dieron traslado del mismo a tres jueces -la propia María Núñez Bolaños, al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, y al juez Juan Jesús Vélez, que realiza la sustitución en el juzgado por la baja de la titular- y a dos letradas de la Administración de Justicia a los efectos de que pudieran plantear alguna alegación al contenido y a las conclusiones del documento. Transcurrido el plazo, no se han presentado alegaciones, por lo que el informe y sus conclusiones son ya definitivas.

El informe de la inspección está ya en manos del promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, que mantiene abiertas unas diligencias informativas tras la denuncia presentada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, contra la juez Bolaños, que acusó a la magistrada de llevar a una situación de "parálisis" a las macrocausas como la de los ERE. El promotor debe ahora realizar una propuesta a la Comisión Disciplinaria respecto a estas diligencias y, según fuentes consultadas por este periódico, lo lógico es que acuerde el archivo de las mismas dado el contundente resultado de la inspección.

El informe de la inspección concluye que las posibles paralizaciones o retrasos en "algunas de las piezas", valorando la carga de trabajo y el número de procedimientos en trámite de manera simultánea, "no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en labor de la oficina judicial o de la magistrada instructora".

La culpa está, según el informe del máximo órgano de gobierno de los jueces al que ha tenido acceso este periódico, en el elevado número de recursos presentados por las partes, entre ellos la Fiscalía Anticorrupción, y que han hecho que la "principal actividad procesal" haya consistido en la resolución de asuntos sobre la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la denominada "pieza política" de los ERE.

Frente a esa acusación de parálisis que denunciaba la Fiscalía, los inspectores llegan a una conclusión que la refuta por completo, al afirmar que cuando se produjo la visita de la inspección, en octubre de 2019, "estaba concluida la instrucción de la gran mayoría de las diligencias previas examinadas y por lo tanto a expensas del dictado de algunas de las resoluciones del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [en alusión al dictado del auto de sobreseimiento o de continuación del procedimiento], o pendiente de diligencias señaladas en la presente anualidad".

La inspección de los hombres de negro del Consejo General del Poder Judicial se desarrolló durante ocho intensos días en octubre del año pasado y estuvo dirigida por los magistrados Francisco Segura y Juan Francisco López Sarabia, quienes han emitido un extenso informe de 402 folios en los que destacan la labor realizada por la juez María Núñez Bolaños desde que asumió el juzgado de las macrocausas en el año 2015 y procedió a la división de la causa de los ERE en casi 200 piezas.

En las conclusiones, los inspectores no dudan en "reconocer el trabajo realizado tanto en la actividad resolutoria del juzgado como en la documentación, estructuración, organización y control de las macrocausas, lo que ha facilitado su inspección de una forma sistemática y organizada".