El taxista Enrique Filgueras, que durante años ha presidido la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi y es además uno de los principales investigados en la macrocausa que instruye la juez Reyes Flores por la presunta mafia del taxi en el aeropuerto, se ha jubilado. El taxista también ha cesado como presidente de la mencionada asociación, cargo en el que ha sido sustituido por el hasta ahora tesorero, Antonio Velarde, que figura también como investigado en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla.

Los cambios en la cúpula de Solidaridad del Taxi se producen después de que la instructora haya decidido también incluir como investigada a la propia asociación, a la que atribuye delitos de asociación ilícita, coacciones y daños, en una de las piezas en las que se investiga el monopolio de la parada del aeropuerto, así como las coacciones y daños causados a otras empresas del sector del transporte, como los Vehículos de Transporte Concertado (VTC), los autobuses públicos de la empresa municipal Tussam y al propio aeropuerto de Sevilla.

Para la juez, la asociación forma parte supuestamente de una "organización delictiva" para mantener el control del servicio en el aeródromo sevillano, lo que a su juicio ha ocasionado un "grave perjuicio" tanto al sector del transporte como a la "ciudad en general".

Dice la juez que la asociación ha "fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposiciones de sanciones, tanto económicas de privación de participar en ese servicio monopolizado temporalmente, con unas normas, catálogos de conductas, ni publicados ni aprobados en forma alguna".

También considera la instructora que la asociación, como persona jurídica, ha dirigido conductas para la constitución de tales fines "contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede, relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales, implicando todas estas conductas un grave perjuicio al sector del transporte y a la ciudad en general".

En varios escritos presentados en el juzgado, la Fiscalía de Sevilla también ha puesto de manifiesto que la actuación de los taxistas investigados y de Solidaridad del Taxi creó una "situación insostenible y de caos" en torno al aeropuerto de San Pablo, destacando que los hechos investigados afectan directamente "a los viajeros y en especial a los sevillanos".