El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río ha impuesto una fianza de 2,8 millones de euros al ex tesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla, por un delito continuado de apropiación indebida, en relación con el desfalco que presuntamente llevó a cabo y que acabó con su fuga a República Dominicana.

La juez ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra sólo cuatro de los investigados, después de que la Audiencia de Sevilla archivada en diciembre pasado la causa a otros miembros de la junta de compensación, y junto a Julio Mateos se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla el que fuera presidente de la junta de compensación durante varios años Ismael Perea, ex concejal socialista de Almensilla; el auditor Juan Carlos Navarro y Manuel López, gerente de una empresa proveedora de la junta de compensación.

En el auto, que tiene fecha del pasado miércoles, 28 de abril, y al que ha tenido acceso este periódico, la juez fija una fianza de 2.896.148 euros para Julio Mateos; 410.260 euros para Ismael Perea; de 247.553 euros para Juan Carlos Navarro, y de 137.473 euros para Manuel López. Además, la juez ha declarado responsables civiles subsidiarios a la asesoría Asema, a un bufete de abogados de la mujer de Juan Carlos Navarro y a una entidad bancaria.

La juez ha rechazado la apertura de juicio oral contra otros investigados, miembros de la junta de compensación, a los que se atribuían hasta otros cinco delitos: falsedad en documento mercantil, encubrimiento, corrupción entre particulares, falsedad contable y prevaricación. En este sentido, la instructora considera que "de las diligencias practicadas en fase de instrucción no se derivan indicios de la comisión de dichos delitos, no habiéndose practicado diligencia alguna en dicho sentido y como bien saben las acusaciones personadas, la ausencia de determinación de un delito en el auto de transformación a procedimiento abreviado no impide que pueda ser objeto de acusación siempre que el hecho estuviese imputado cuando el acusado prestó su declaración y pudiera solicitar las oportunas diligencias sobre el mismo, lo que no ocurre en el caso de autos", precisa.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de seis años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros para el ex tesorero de la junta de compensación Julio Mateos Palacios, que está en libertad desde mayo de 2019 tras haber pagado una fianza de 40.000 euros, mientras que solicita cuatro años y medio de cárcel y multa de 6.000 euros para el ex presidente de la junta de compensación Ismael Perea; y un año menos un día de prisión y 3.000 euros de multa para el auditor Juan Carlos Navarro. En el caso de Manuel López, la Fiscalía solicita su absolución, aunque las acusaciones particulares reclaman una condena de entre tres y cuatro años.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público acusa al Dioni y a Ismael Perea como coautores de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que el auditor Juan Carlos Navarro es considerado como cómplice del mismo delito.

Desfalco en dos fases

La fiscal del caso sostiene que entre los años 2009 y 2015 Julio Mateos Palacios e Ismael Perea -que fue presidente de la junta de compensación desde 2008 hasta diciembre de 2012-, "aprovechando su condición de tesorero y presidente, respectivamente, y únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación, con ánimo de enriquecerse injustamente y de común acuerdo, detrajeron fondos de la cuenta bancaria de la junta de compensación mediante el libramiento de cheques a favor de los propios acusados o de terceros que con ellos colaboraban, logrando de este modo incorporar a sus respectivos patrimonios un total de 2.466.506,85 euros".

El desfalco se desarrolló en dos fases, según el fiscal. Un primer periodo en el que ambos acusados actuaron conjuntamente entre los años 2009 y 2012, y el segundo entre 2012 y 2015, en el que el tesorero acusado "actuó solo" con colaboración de otras personas, dado que el acusado Ismael Perea cesó en el cargo el 22 de diciembre de 2012, y en el que por razones profesionales privadas, el nuevo presidente designado "no dispuso de firma autorizada para disponer de los fondos, sin que conste que la junta de delegados designara a un sustituto para ello como los estatutos legalmente exigen".

En el primer periodo, añade el Ministerio Público, Julio Mateos e Ismael Perea, "a sabiendas de que no se prestaban servicios remunerados para la junta de compensación por ninguno de ellos ni por la mercantil Asema, de la que era administrador único y gestor, firmaron una serie de cheques con cargo a los bonos de la misma" que fueron ingresados a su favor por ambos acusados o en la cuenta corriente de Asema.

Perea cobró 301.695,32 euros a través de 33 cheques por distintos importes, mientras que Julio Mateos cobró 1.941.204,34 euros a través de siete cheques cobrados por él mismo y otros 42 cheques a favor de Asema, librados en su mayoría al portado.

En el segundo periodo, el único cuya firma estaba autorizada para disponer de los fondos era el entonces tesorero Julio Mateos, circunstancia que "aprovechó para continuar detrayendo a su favor fondos de la junta de compensación si bien ya en solitario, logrando apoderarse en este segundo periodo de 223.607,19 euros", dice el fiscal.

Además, "con el fin de enmascarar sus actos tendentes a desfalcar los fondos de la junta de compensación", el Dioni contó con la "colaboración" del auditor de cuentas Juan Carlos Navarro, "con quien le unía una relación empresarial y de amistad de tiempo atrás", era apoderado y encargado de la gestión económica del bufete de su mujer, que representaba a la junta de compensación en aquellos procedimientos judiciales en los que la junta figuraba como parte demandada. Navarro fue además el auditor designado por el propio tesorero para emitir unos "certificados de ingresos y gastos para la propia junta de compensación".

En este sentido, dice el fiscal que ambos se concertaron para emitir una serie de talones con "sobrecoste a los servicios previamente pactados", lo que "contribuyó a que el tesorero se apoderara de más fondos de la junta, dado que , tal y como cobran a tales cheques, en fechas posteriores procedía a transferir la parte que excedía de lo facturado o pactado por los servicios previamente prestados a las cuentas de Asema, sin que además dichas transferencias se apoyasen en un servicio previo de Asema al acusado Juan Carlos Navarro o al bufete del que éste era apoderado".

El fiscal considera asimismo que la entidad bancaria es responsable civil subsidiario porque "permitió que se dispusiera de los fondos de la junta de compensación mediante cheques librados con una sola firma, la del tesorero, y ello a pesar de constar que, conforme al bastanteo inicial de los estatutos realizado cuando se aperturó la cuenta para disponer de los fondos de la junta de compensación era necesaria la firma mancomunada del presidente y tesorero o quienes oportunamente les sustituyan".