El juicio de los ERE

Una defensa pide que se impongan las costas al PP por mantener una acusación “absolutamente injusta”

  • El abogado de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina critica la "falta de veracidad" del testimonio de la ex asesora María José Rofa, realizado para "salvar su imputación"

Lourdes Medina, con su abogado, Manuel Salinero Lourdes Medina, con su abogado, Manuel Salinero

Lourdes Medina, con su abogado, Manuel Salinero / jose manuel Vidal /EFE

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La defensa de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo ha solicitado este lunes a la Audiencia de Sevilla que imponga las costas procesales del juicio a la acusación y “muy especialmente a la acusación popular” por haber mantenido una acusación “absolutamente injusta, en contra del mandato de la Constitución”.

Así lo ha expresado en su informe final en el juicio por el denominado procedimiento específico de los ERE el abogado Manuel Salinero, quien ha dicho que en muchos casos “no basta con la absolución”.

El letrado ha explicado que cuando se ha hecho durante tanto tiempo “demagogia con el dinero que se reclama en este proceso, para acabar desdibujando todo con esa absurda acusación por malversación además de una prevaricación insostenible, que tanto va a perjudicar al propio erario público con lo sucedido en las piezas separadas, alguien tendrá que responder”.

Ese perjuicio al erario público que constituye el “enorme gasto personal y económico invertido en este proceso podía haberse evitado”, ha proseguido el defensor, que ha pedido que se impongan las costas a las acusaciones, al entender que “sinceramente” se ha mantenido una “acusación absolutamente injusta”.

De otro lado, Salinero también ha criticado el testimonio que a lo largo de la fase de instrucción y en el propio juicio ha prestado la que fuera asesora de Empleo María José Rofa, al considerar que ha quedado “en evidencia la falta de veracidad” de su testimonio, pues son declaraciones “hechas con la mira puesta en hacer lo que sea para salvar la imputación, de la mano de la UCO” de la Guardia Civil.

Según la defensa, el testimonio de Rofa ha ido incorporando en sus sucesivas declaraciones a nuevas personas “como responsables de hechos que resultan ser de su autoría” y ha puesto como “la prueba más evidente del verdadero papel” que Rofa jugó en la dirección general de Trabajo la declaración de Manuel Blanco Montenegro, quien expuso que “ella le pidió telefónicamente hacer pagos cruzados para evitar descubiertos”.

"Incoherencias, errores y falsedades" de Rofa

Para Salinero, el testimonio de Rofa está plagado de “incoherencias, errores, contradicciones y falsedades” hasta el punto de que una vez que fue imputada en la causa de los ERE “cambia las fechas de los hechos en bien de su defensa”, por lo que “la voluntad defensiva y exculpatoria es clara”, ha dicho el letrado, que ha concluido que su testimonio “carece de consistencia probatoria alguna, por incoherente, distorsionado e incluso falso” por cuanto ha quedado probado que María José Rofa es una persona que tiene una “actuación directa en la gestión de las ayudas, que conoció desde que llegó a la dirección general de Trabajo, pues incluso propuso a un técnico de IDEA hacer pagos cruzados”. Esta defensa ha apuntado incluso que se reserva el ejercicio de las acciones correspondientes que “sin duda proceden” contra la ex asesora de Empleo, de quien ha dicho ha realizado “entregas programadas a la UCO desde 2011 a 2016 de documentos que supuestamente son de origen oficial”.

En cuanto a la actuación de la ex secretaria general técnico de Empleo Lourdes Media Varo, su abogado ha insistido en que siempre ha actuado con un “escrupuloso cumplimiento de la legalidad”, respetando “los cauces procedimentales legalmente establecidos, con el apoyo técnico del personal funcionario adscrito a las unidades administrativas que conforman la secretaría general técnica y desconociendo las advertencias sobre el inadecuado uso de las transferencias de financiación a IDEA del programa 31L y el uso que de éstas se realizaba en la Dirección General de Trabajo”.

Lourdes Medina, ha continuado Manuel Salinero, dio continuidad al trámite de fiscalización del pago del crédito del expediente de gasto de la partida 31L y actuó con “total confianza en que se trataba de un proceso técnico con intervención de muchos funcionarios sobre un crédito consolidado reiteradamente en las leyes de presupuestos y cuyo expediente de gasto del año en curso estaba fiscalizado de conformidad, sin advertencia de irregularidad alguna. ¿Cómo puede hablarse de dolo o conocimiento de injusticia alguna?”, se ha preguntado.

La defensa ha argumentado que la ex secretaria general técnica no recibió los informes de la Intervención alertando de las irregularidades, ni tiene “ninguna capacidad de intervenir en cualquier recomendación que se pueda realizar sobre la gestión de IDEA”, y también ha puesto de manifiesto que cuando salta el escándalo de los ERE Lourdes Medina “se incorpora al proceso de investigación interna en marcha y colabora con el diseño y puesta en marcha de nuevos procedimientos administrativos adaptados a las recomendaciones de la Intervención General y de las medidas para la recuperación de los pagos indebidos. Es absolutamente falsa la afirmación del Ministerio Fiscal de que mi mandante no hizo nada para esa recuperación. Es increíble que pueda sostenerla y no enmendarla tras lo probado en esta Sala”.

Por último, ha defendido que Lourdes Medina era “ajena a la actividad desarrollada por la dirección general de Trabajo en la gestión administrativa de las ayudas concedidas con cargo a la transferencia de financiación del 31L, pues consta en la causa que la secretaría general técnica no participa en dichos expedientes administrativos y carece de interlocución con IDEA”.

Alusión al letrado Atticus Finch de Matar a un ruiseñor

Salinero ha acabado su informe con una cita de la novela de Harper Lee Matar a un ruiseñor, cuando el letrado Atticus Finch realiza el siguiente alegato final: “Confío en que ustedes, caballeros, repasarán con objetividad las declaraciones que han escuchado, tomarán una decisión y devolverán este hombre a su familia. En nombre de Dios, cumplan con su deber”.

Salinero ha añadido que en este caso no es necesario invocar a Dios, sino sólo solicitar “esperanzadamente una sentencia que absuelva” a su representada y acabe con su “sufrimiento absolutamente injusto y desmesurado, del que nadie podrá resarcirla nunca”.

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