Los representantes de los más de 700 abogados sevillanos que ya se han adherido al Movimiento #J2, formado por miles de letrados de toda España que cotizan en la Mutualidad de la Abogacía y que denuncian que muchos se jubilarán con pensiones “ridículas” de “entre 400 y 600 euros”, consideran “insuficientes” las propuestas que les ha ofrecido el decano del Colegio de Abogados de la ciudad (ICAS), Óscar Fernández León. El pasado martes pudieron hablar con él durante una jornada informativa a la que acudió el director general de la Mutualidad, Rafael Navas, y en ese escenario de “tensión” no alcanzaron ningún punto en común, más allá de constituir una “comisión mixta de trabajo” para buscar alguno a partir de ahora.

El problema, y así lo expone la letrada Ana Gil como portavoz del movimiento en Sevilla, es que una de sus principales reclamaciones es la suspensión de la asamblea de la Mutualidad, prevista para el 17 de junio, y el decano les dio a entender que se celebrará sí o sí. Los mutualistas querían que Fernández convocase una junta extraordinaria urgente “en siete días, o a ser posible en uno”, para acordar allí esa suspensión. “Durante la reunión la rechazó verbalmente y estamos esperando a que conteste formalmente”, dice Gil. “Explicó que no puede suspender la asamblea porque tiene que aprobar las cuentas. Nosotros tenemos entendido que se pueden prorrogar hasta diciembre”, lamenta.

Los integrantes del #J2 defienden la nulidad del orden del día de esa asamblea. “En España hay unos 210.000 mutualistas y sólo 62.000 tenemos el problema, pero nuestro problema lo votan todos. Eso es un defecto de forma, al margen de que no estemos de acuerdo en el fondo. No queremos que se vote a favor de esto”, explica Gil.

También denuncian que la Mutualidad, que empezó siendo una alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), se convirtió en 2005 en una empresa privada. Por eso reivindican que un técnico independiente, ajeno al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), emita un informe sobre la problemática en general y ese cambio de naturaleza jurídica de la Mutualidad en particular. El decano aceptó que en efecto sea nombrado ese técnico, pero nunca al margen del Cadeca. “No consideramos que sea suficiente lo que nos propone el ICAS: la comisión no está montada, un técnico no independiente... Pero lo más importante es que hay una asamblea el 17 y ese problema inmediato no nos lo soluciona”, insiste Gil.

La principal exigencia de fondo de los letrados afectados es la creación de una “pasarela” que les permita dejar la Mutualidad, un régimen en el que ni siquiera tienen la posibilidad de pedir la incapacidad total, y cambiarse al RETA sin perder la antigüedad y con mejoras fiscales. Ahora mismo, si un abogado hace ese trasvase, parte de cero y deja atrás todos los años cotizados con la Mutualidad.

Los próximos pasos del movimiento en Sevilla pasan por intentar recoger 1.000 firmas para así poder convocar la junta extraordinaria del ICAS sin necesidad de que lo haga el decano, cosa que ya dijo que no ocurriría. También harán un “requerimiento formal” a sus representantes en la asamblea y, sobre todo, prepararán la gran concentración que los mutualistas de toda España están organizando para el mismo 17 de junio en Madrid . “Muchos compañeros acaban en situaciones de indigencia”, denuncia Ana Gil. Alguno expuso su caso personal al decano del ICAS durante el encuentro celebrado el pasado martes.