Casi 500 abogados sevillanos se han adherido ya al Movimiento #J2, una iniciativa de ámbito nacional nacida de la “indignación” de los miles de letrados que cotizan en la Mutualidad de la Abogacía y no en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) y que denuncian que muchos se jubilarán con pensiones “ridículas”, de “entre 400 y 600 euros”. Son los cálculos que expone Ana Gil, la letrada que ayer informó a decenas de compañeros de las principales reivindicaciones del colectivo y de las medidas que piensan adoptar a corto plazo durante una asamblea celebrada en la sede del Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS). Quizás su mayor exigencia es la creación de una “pasarela” que permita dejar la Mutualidad y cambiarse al RETA sin perder la antigüedad y con mejoras fiscales. Ahora mismo, si un abogado hace ese trasvase, parte de cero y deja atrás todos los años cotizados con la Mutualidad.

“Los colegios de abogados no se interesan por la situación de indigencia en que pueden acabar muchos compañeros, que no van a poder jubilarse por las pensiones tan reducidas que se les van a quedar”, denuncia Gil, que está coordinando el grupo sevillano de #J2, compuesto por 463 profesionales (en España son unos 4.000 en total).

Hasta 1995, los abogados estaban obligados a unirse a la Mutualidad de la Abogacía. Después se les permitió optar por ese régimen o por el RETA, aunque a los recién licenciados se los empujaba a firmar por la Mutualidad, que además se anunciaba asegurando mejores prestaciones y pensiones superiores a las del resto de autónomos. “En 2005, sin embargo, la Mutualidad cambió de naturaleza jurídica y se convirtió en una compañía de seguros que dejó de cubrir las prestaciones básicas de cualquier ciudadano”, alega Gil, que pone varios ejemplos: “No tenemos incapacidad total y la incapacidad laboral temporal (ILT) sólo puede durar 365 días. Es decir, que en total a lo largo de toda la vida sólo puedes estar de baja por enfermedad el tiempo equivalente a un año”.

Ana Gil, delante de la sede del Colegio de Abogados de Sevilla después de la reunión.

El auténtico perjuicio, sin embargo, es la pensión que se les queda a los mutualistas cuando se jubilan, a pesar de abonar cuotas mensuales de entre 300 y 400 euros de media durante casi toda su carrera profesional (la cantidad varía por tramos de edad y se va incrementando a medida que el abogado acumula años en la profesión). “La pensión es inferior a la no contributiva. La Mutualidad responde que hagamos aportaciones extraordinarias además de la cuota, pero eso tampoco garantiza una pensión digna. Y además nosotros pagamos todos los meses, incluso cuando estamos de baja y no hay ingresos”, relata Gil.

Los mutualistas sevillanos han pedido al ICAS que suspenda la próxima asamblea de la Mutualidad, prevista para el 17 de junio. Si no lo hace, lo intentarán ellos, aunque para eso necesitan representar al 10% de todos los afiliados al Colegio (unos 1.000, por tanto). También quieren que un técnico independiente, ajeno al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), emita un informe sobre esta problemática y el cambio de naturaleza jurídica de la Mutualidad.