La inclusión de dos intrusos en las pólizas con que la Junta de Andalucía sufragó el 85% de la prejubilación de 24 trabajadores de Surcolor va camino de convertirse en el gran misterio del juicio que se está desarrollando en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Los dos acusados, que se beneficiaron de esos fondos públicos sin haber trabajado nunca jamás en esa empresa, fueron según la Fiscalía Anticorrupción Juan José López Espadas, marido de una concejala del Ayuntamiento de Camas, y José Antonio Márquez, concuñado de Antonio Rivas, exalcalde de esa misma localidad y delegado provincial de Empleo en Sevilla cuando se concedieron las ayudas. Pero nadie, al menos entre los encausados, sabe quién ordenó que esas dos personas apareciesen en la lista de beneficiarios.

El propio Rivas, que declaró el martes, dijo que "la primera noticia" que tuvo de que había extraños en el ERE de Surcolor fue "el día antes de que saliera en la prensa". "Nos llamó José Antonio Viera para ir a su casa y nos preguntó por ellos, con sus nombres y apellidos. Yo lo corroboré después en el pueblo", indicó el ex alto cargo. "Al día siguiente vi con horror que había gente metida en la póliza", añadió. Obviamente, conocía a ambos de Camas. "Me defraudaron", lamentó.

A Rivas lo sucedieron este miércoles otros tres acusados, entre ellos los dos consultores de la empresa Vitalia que intervinieron de alguna manera en el proceso de prejubilaciones. Uno de ellos, Antonio Albarracín, llegó a preguntarse por qué los enjuiciaban a él y a su compañero Jesús Bordallo. "Lo que me hace mucha gracia es que a los extraneus [ajenos a la Junta] se nos responsabilice de un procedimiento que estuvo viciado por los políticos. Se nos dice 'debería saber usted...', 'usted debería haber hecho...'. Nosotros no tenemos por qué saber los requisitos a los que está sometida la Administración", advirtió.

Ese fue el colofón de dos intervenciones en las que uno echó la culpa al segundo y el segundo echó la culpa a terceros. El primero fue Bordallo, el consultor que recopiló los datos de los 24 trabajadores que iban a entrar en el plan de prejubilaciones y los envió "a Barcelona" para que allí realizasen los cálculos de "cuánto iba a cobrar cada trabajador". "Con esas hojas individuales nos dirigimos después a cada trabajador y le explicamos lo que iba a percibir desde que se acogiese hasta que se jubilase", explicó. Y todo eso lo hizo porque se lo ordenó Albarracín, aclaró.

¿Y cómo entraron los dos intrusos en ese listado? "En enero o febrero de 2006 me llega un sobre a la oficina de Sevilla con unos números de teléfono para hacer unas pólizas particulares. Viene de la Junta, de la Dirección General de Trabajo", narró. La carta, sin embargo, no aparecía firmada por nadie en concreto. La póliza particular es aquella que "se la paga el señor, no la empresa", detalló. Bordallo envió entonces esos datos a Barcelona y aquel estudio "queda muerto, paralizado".

"Para mi sorpresa, cuando me llega la póliza desde Barcelona, estos dos señores aparecen incorporados", prosiguió. Eso fue en julio de 2006. A continuación se dirigió a los administradores de Surcolor y les avisó de que en la póliza definitiva había 26 y no 24 empleados, a lo que su interlocutor le respondió que "lo hablaría con sus asesores". "Yo no los conozco absolutamente de nada, pasaron a firmar por Vitalia pero ni siquiera lo hice yo", añadió.

Entonces, ¿de quién fue la responsabilidad? "O es Albarracín o es María Vaqué, que era la gerente, por encima de Albarracín", contestó antes de recalcar que la inclusión de más o menos trabajadores en la póliza no implicaba que él ganase más o menos dinero. Es más, ocurrió todo lo contrario. "Vitalia no me pagó absolutamente nada por esta gestión. Lo único que tengo de esta empresa es ruina. A mí me daba exactamente igual que hubiera 24, 26 o 32 trabajadores", sentenció.

A continuación compareció Albarracín, que se definió como "jefe de consultores" aunque jerárquicamente por debajo de Vaqué, encausada en otras piezas pero no en esta. Y esta fue su respuesta a la pregunta sobre quién metió a los intrusos: "No sé si fue la Junta, si fue el PSOE de Andalucía, si fue la empresa, si fue la señora Vaqué... Pero desde luego, yo no".

De hecho, cuestionado por la teoría de Anticorrupción de que se concertó con el delegado de Empleo y los empresarios para hacerse con dinero público, agregó: "La única vez en la vida que he visto al señor Rivas fue el primer día del juicio, y no hablé con él".