Contrataciones fantasma de UMAX

La fiscal reprocha a Guerrero que muchos de los "contratos fantasma" fueron para su "círculo íntimo"

  • Recuerda que los contratos verbales están "prohibidos por la ley y son nulos de pleno derecho"

El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero.

El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. / Belén Vargas

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La Fiscalía de Sevilla ha reprochado este martes al ex director general de Trabajo Javier Guerrero que muchos de los 44 trabajadores de la empresa Umax Informática y Consultoría que fueron contratados por la Consejería de Empleo pertenecía a su "círculo íntimo" de la localidad de El Pedroso (Sevilla), y ha lamentado que con la externalización de estos puestos de trabajo se creó una "administración paralela" prescindiendo "totalmente del procedimiento legalmente establecido" y de los principios de "mérito, capacidad e igualdad" que regulan la función pública.

La fiscal Susana Hernando ha expuesto ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla su informe de conclusiones, en el que reclama una condena de diez años de prisión, 32 años de inhabilitación y una multa de 13.500 euros para cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación de los trabajadores de la empresa Umax.

En su informe, la fiscal ha puesto de manifiesto que los "contratos verbales son nulos de pleno derecho" y están prohibidos por la ley, por lo que ha concluido que "no existía ningún contrato que fundamentara la reclamación" que el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado -al que solicita una condena de ocho años y medio de cárcel y el pago de una multa de 7.500 euros-, realizó a la Consejería en el año 2012 por importe de más de 1,5 millones de euros. "No se cuestiona que esos trabajadores no tuvieran capacidad, sino que la forma en la que accedieron a los puesto de trabajo no se ha tenido en cuenta el mérito", ha aseverado la representante del Ministerio Público, que ha señalado que con frecuencia se acudía a los "contratos menores" para evitar el procedimiento abierto y negociado.

La Fiscalía considera que esos contrato "no superan los límites legalmente establecidos" porque aunque ha admitido que estos contratos "son todos correctos" y han sido fiscalizados por la Intervención General de la Junta, "no responden a necesidades puntuales o con carácter urgente", sino que tienen continuidad en el tiempo y se asimilan a los funcionarios, con los que comparten "el mismo horario y sueldo, pero prescindiendo del procedimiento legalmente establecido". En este sentido, ha explicado que en la mayoría de los casos se acudió a contratos menores "que dan apariencia de legalidad", y ha destacado el "concierto de los acusados" para defraudar a la administración pública.

La fiscal no sólo se ha referido al "círculo íntimo" de Javier Guerrero, sino que  también ha recordado que un sobrino del ex director general de Trabajo Juan Márquez fue contratado por Umax, y ha señalado que muchos de estos empleados fueron integrados después "de manera irregular" en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y posteriormente en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

También se ha referido a las 14 facturas emitidas por Umax entre 2007 y 2010 que, según ha recordado no tienen ni registro de entrada y que según Ulpiano Cuadrado fueron elaboradas como modelo para su abogado, y ha afirmado que la Intervención general no tiene conocimiento de esas facturas que "fueron elaboradas con el fin de facilitar la reclamación de 1,5 millones" que el dueño de Umax hizo a la Consejería.

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