El sindicato SPJ-USO ha mostrado su apoyo all abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal , que ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional denunciando el "inaceptable lapso de tres años que ha tenido lugar entre la fecha de admisión a trámite de una demanda en la jurisdicción social sevillana y la fecha de señalamiento de vista"

El sindicato entiende que esta dilación supone "una mayor dolencia cuando a la jurisdicción social se refiere, por cuanto que muchos de los asuntos que en ella se pretenden solventar acogen las pretensiones de Justicia de incontables trabajadores que no han percibido, siquiera, las indemnizaciones mínimas legales. Todo ello, supone, evidentemente, una gravísima y clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto que una Justicia tardía no es, evidentemente, Justicia". Tanto más si, en el caso concreto de Sevilla, ya se están señalando juicios para 2026.

El letrado ha iniciado una campaña en la plataforma Change.org para recabar el apoyo de la abogacía ante el colapso en los juzgados de lo Social en Sevilla, con señalamientos fijados para 2026. "No podemos permitir que se estén señalando juicios y vistas para dentro de 3, 4 o 5 años. No podemos cruzarnos de brazos ante esta situación. No podemos mirar hacia otro lado", subraya en la petición, que lleva más de un centenar de firmas recogidas y que también ha sido apoyado por el sindicato de abogados Venia.

Desde SPJ-USO, apoyan los recientes planes de refuerzo impulsados por la Junta de Andalucía pero denuncian "la falta de sumatorio y coordinación por parte del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia". 

Recurso de amparo ante el Constitucional

El pasado 24 de junio Sánchez Bernal presentó una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla donde reclamaba a la Hispalense una indemnización por daños y perjuicios para su cliente por "incumplimiento de la formalización del contrato postdoctoral". El juzgado admitió la demanda y, en un decreto de 13 de julio, señaló que el acto de conciliación y el juicio quedaron fijados para el 7 de noviembre de 2024. Según el letrado, esta situación afecta a los justiciables, "y a los operadores jurídicos". En el caso concreto de Sevilla,"ya se están señalando juicios para 2026", lo cual califica como "una auténtica aberración".

Ante esta situación el abogado sevillano ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que los señalamientos en los Juzgados de lo Social de Sevilla, con un margen de hasta tres años vista, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.